El fiscal Anticorrupción Franco Mondino imputó al exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Claudio Vignetta, en el marco de la investigación por la polémica compra de uniformes para la Guardia Urbana Municipal (GUM). La acusación, que lo coloca como el tercer imputado en el expediente, apunta a presuntas irregularidades en una contratación millonaria que ya había generado fuertes sospechas dentro del Palacio 6 de Julio.

La imputación, se basa en el presunto delito de negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, vinculado a la adquisición de 400 uniformes por casi $99 millones a la firma Yche S.A., radicada en La Calera y propiedad del ex policía Sebastián Aguilera. Según la investigación, Aguilera mantenía una estrecha relación personal y profesional con el entonces subsecretario de Seguridad, Walter Ramón Luján, lo que habría incidido directamente en la adjudicación del contrato.

Hasta ahora, el caso parecía no alcanzar a Vignetta, quien había renunciado en abril de este año, meses antes de que el escándalo tomara dimensión pública. Sin embargo, Mondino decidió avanzar y sumarlo a la lista de acusados, entendiendo que su rol jerárquico y su participación en la creación de la Guardia Urbana lo involucraban directamente en la maniobra. Su defensa quedó en manos del abogado Justiniano Martínez.

Una compra polémica y un ahorro posterior

La operación original fue anulada por la Municipalidad tras conocerse los vínculos entre Luján y Aguilera, y el subsecretario fue inmediatamente removido del cargo. En octubre de 2024, el municipio volvió a licitar la compra de los mismos 400 uniformes, esta vez por $55 millones, casi la mitad del valor original. La diferencia de precios no hizo más que reforzar las sospechas sobre la contratación inicial, que hoy tiene a tres protagonistas en el centro de la escena judicial.

El fiscal Mondino busca determinar si existió una manipulación deliberada en la contratación para beneficiar a Yche S.A. y si Vignetta, como máxima autoridad del área de Seguridad en ese momento, avaló o permitió el proceso sin los debidos controles administrativos.

El perfil de un funcionario con historia en Seguridad

Claudio Vignetta no es un desconocido en la estructura del poder cordobés. De origen policial, alcanzó el rango de comisario mayor antes de ser separado de la fuerza en 2014 por decisión del entonces jefe de Policía, Julio César Suárez. Un año después, su carrera tomó un nuevo impulso: el gobierno provincial lo nombró Secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, cargo que lo proyectó mediáticamente durante las sucesivas crisis por incendios forestales en las sierras.

Con el cambio de gestión, Vignetta desembarcó en la Municipalidad de Córdoba, convocado para diseñar y conducir la estrategia de seguridad urbana del intendente Martín Llaryora. Desde allí impulsó la creación de la Guardia Urbana, una estructura que buscaba complementar el trabajo de la Policía Provincial con un enfoque municipal. Su renuncia en abril coincidió con las primeras tensiones internas sobre el funcionamiento de esa fuerza, que desde entonces atraviesa una profunda reestructuración.

Un golpe político en un área sensible

La imputación a Vignetta impacta de lleno en la gestión municipal y reaviva las críticas opositoras sobre el manejo discrecional de los recursos públicos. El caso de los uniformes no solo deja al descubierto un posible entramado de favores entre funcionarios y contratistas, sino que además expone fallas en los mecanismos de control interno del municipio.

En un contexto en el que la seguridad urbana se convirtió en una bandera política para la administración de Llaryora, la causa judicial se transforma en una mancha incómoda para una gestión que intenta mostrarse moderna y eficiente.

Mientras la investigación avanza, el expediente por los uniformes promete seguir generando repercusiones. Lo que comenzó como una compra administrativa terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo de gestión, con un exfuncionario clave en el banquillo de los acusados y un interrogante que aún resuena en el municipio: ¿cuánto control real existe sobre los negocios públicos cuando la confianza política pesa más que la transparencia?