La Municipalidad puso fin a un prolongado conflicto que enfrentó a choferes, plataformas y autoridades locales. Desde ahora, Uber y otras aplicaciones deberán cumplir con estrictos requisitos técnicos y legales para operar en la ciudad.
Por primera vez desde su desembarco en Córdoba en 2019, el servicio de transporte mediante plataformas digitales —encabezado por Uber y Cabify— contará con un marco normativo plenamente vigente. El intendente Daniel Passerini reglamentó la ordenanza que regula las aplicaciones de transporte, cerrando así un capítulo de casi diez años de debate político, judicial y social en torno al modelo de movilidad urbana.
La reglamentación, publicada oficialmente este jueves, hace operativa la ordenanza sancionada meses atrás y obliga tanto a las empresas como a los choferes y propietarios de vehículos a inscribirse en un nuevo Registro Digital Municipal, administrado por la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito. Este registro centralizará la información del sistema para permitir su control, trazabilidad y fiscalización en conjunto con el Observatorio de la Movilidad.
Un sistema bajo control municipal
El decreto firmado por Passerini establece que todas las empresas de transporte por aplicación deberán registrarse, al igual que los conductores y propietarios de los vehículos.
La Autoridad de Aplicación —la Secretaría de Movilidad— dispondrá de un plazo de hasta 30 días para evaluar la documentación y otorgar la habilitación correspondiente.
Las plataformas, por su parte, deberán garantizar la correcta inscripción de cada chofer y propietario, y reportar en tiempo real los inicios y fines de sesión de los conductores, así como las vinculaciones o desvinculaciones en sus sistemas.
Además, se exigirá que las horas de servicio efectivamente prestadas sean monitoreadas a través del Observatorio de la Movilidad, lo que apunta a dotar al municipio de una herramienta inédita de control sobre la actividad.
Requisitos más estrictos para vehículos y conductores
Uno de los puntos más discutidos durante la elaboración de la norma fue el de las condiciones técnicas y administrativas de los autos y choferes.
La reglamentación determina que los vehículos deberán someterse a la Inspección Técnica Vehicular (ITV) cada seis meses, igual que taxis y remises, salvo los vehículos 0 km, que tendrán inspección anual durante los dos primeros años.
La póliza de seguro exigida será la especial prevista por la Resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, específica para unidades que operan bajo plataformas digitales.
Una vez aprobado el registro, cada vehículo recibirá un código QR identificatorio, que deberá exhibirse de forma visible detrás del asiento del acompañante.
En cuanto a los conductores, la normativa exige licencia de conducir Clase D1, destinada a automotores de transporte de pasajeros, además de certificados de antecedentes nacional y provincial, y el certificado de no estar inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Plazos de adecuación y transición
La Municipalidad estableció un período de transición para la implementación total del sistema.
Las empresas prestatarias tendrán 60 días desde la publicación de la reglamentación para adaptar sus plataformas e integrarse al Registro Digital Municipal.
En tanto, los conductores y propietarios contarán con 120 días para completar la documentación requerida, incluyendo el cambio de categoría de licencia y los certificados pendientes.
El decreto advierte que la falta de adecuación en los plazos fijados implicará la revocación de la habilitación, tanto para las empresas como para los choferes.
El cierre de una polémica histórica
Con esta reglamentación, Córdoba pone fin a una de las discusiones más largas de su política local reciente.
Desde 2016, la llegada de Uber generó un profundo enfrentamiento con el sector de taxis y remises, que protagonizó protestas, amparos judiciales y bloqueos en las calles.
La situación se volvió aún más compleja cuando, en 2021, el Tribunal Superior de Justicia determinó que los servicios de plataformas eran “privados de interés público”, abriendo la puerta a una regulación específica pero nunca concretada hasta hoy.
El tema atravesó las gestiones de Ramón Mestre y Martín Llaryora, sin resolución definitiva. Passerini, finalmente, optó por cerrar el capítulo con una regulación formal, que busca equilibrar los intereses del sector tradicional con la innovación tecnológica del transporte urbano.
“Córdoba necesitaba una solución. Este paso no sólo brinda seguridad jurídica y transparencia, sino que ordena un sistema que venía funcionando en la informalidad”, explicaron desde el Palacio 6 de Julio.
Una nueva etapa para la movilidad urbana
La entrada en vigencia de la reglamentación marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad cordobesa, donde el foco estará puesto en la seguridad, trazabilidad y competencia leal.
Si bien el conflicto con los gremios del taxi podría no estar del todo cerrado, el Ejecutivo municipal apuesta a que la formalización del sistema reduzca la conflictividad y mejore la experiencia del usuario.
Con la reglamentación ya publicada, Uber, Cabify y otras plataformas deberán ahora demostrar su voluntad de adecuarse a las normas locales.
Después de casi una década de idas y vueltas, Córdoba parece haber encontrado el punto de equilibrio entre la innovación tecnológica y el control estatal.
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