Un nuevo estudio de la Fundación Libertad ubicó a la Legislatura de Córdoba entre las más económicas del país. El dato, rápidamente celebrado por el oficialismo provincial, llega en un momento de movimientos internos dentro del cuerpo y en medio de las críticas opositoras por el funcionamiento del Poder Legislativo, especialmente tras el caso que involucró a Guillermo “El Puma” Kraisman.
El informe —que analiza desde 2018 el gasto de las legislaturas provinciales en relación con la cantidad de representantes— reveló que, en promedio, cada legislador provincial cuesta $1.182 millones al año. En ese marco, Córdoba aparece entre las jurisdicciones con menor gasto por representante, en parte debido a su carácter unicameral, establecido en la reforma constitucional del 2001.
Mientras Tucumán encabeza la lista con $2.735 millones por legislador y Santiago del Estero figura última con $138 millones, la Unicameral cordobesa logra posicionarse como una de las más austeras, incluso siendo la cuarta provincia con mayor cantidad de legisladores (70) y la segunda más poblada del país.
El oficialismo capitaliza el informe
Desde el Centro Cívico, la lectura fue inmediata: el estudio de una entidad con vínculos con la oposición nacional fue usado como respaldo a la narrativa de “eficiencia” del gobierno provincial.
“Nadie puede decir que este estudio tenga que ver con nosotros. Por el contrario, demuestra palmariamente que la Legislatura de Córdoba es una de las más austeras del país”, señalaron desde el Panal.
El mismo vocero agregó:
“Es un insulto a la inteligencia sostener que el costo político de Córdoba es alto. Quienes hablan de ‘costos’ lo hacen desde la politiquería, sin un análisis serio. Y eso se rebate con medidas de eficientización como las que viene implementando Martín (Llaryora), por ejemplo, en las agencias.”
El oficialismo, así, busca reforzar su discurso de gestión “eficiente y transparente” en un año en el que la Legislatura fue blanco de cuestionamientos y en el que se produjeron cambios internos, con la salida de Juan Manuel Siciliano, la incorporación de Juan Pablo Alesandri y la expectativa por la llegada de Agost Carreño.
La oposición marca distancia
El estudio también desató un fuerte cruce político puertas adentro del recinto. Los jefes de bloque interpretaron los números desde perspectivas muy distintas.
El radical Dante Rossi reconoció el dato de austeridad, destacando la actividad legislativa y social del cuerpo:
“A pesar de las críticas, la Legislatura de Córdoba es una de las más austeras del país. Funciona con 30 comisiones y mantiene una fuerte vinculación con la sociedad a través de muestras, visitas escolares y actividades culturales.”
En contraste, Matías Gvodenovich fue tajante:
“Córdoba tiene un alto gasto público en publicidad, agencias y estructuras políticas. Este informe sobre el costo legislativo es una pantalla para mostrar eficiencia donde no la hay. Además, la Legislatura sesiona cada 15 o 30 días: ¿cómo se evalúa el costo institucional bajo esos parámetros?”
Desde el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría cuestionó la neutralidad del informe y lo enmarcó en una estrategia política más amplia:
“Este análisis proviene de sectores empresariales afines al gobierno de Milei, que buscan justificar la reducción del debate democrático y legitimar el autoritarismo. No dicen nada sobre el costo de la casta judicial o los privilegios del Ejecutivo. El problema no es solo el gasto, sino que la Legislatura de Córdoba no discute los grandes temas que preocupan al pueblo.”
Por su parte, el liberal Agustín Spaccesi respaldó el diagnóstico, pero pidió ir más allá:
“Somos partidarios de achicar el Estado de manera efectiva en todos los estamentos. Córdoba debe seguir ajustando sus números y reduciendo estructuras innecesarias.”
Finalmente, la legisladora Graciela Bussotto ofreció una mirada más equilibrada:
“Los informes son útiles, pero los promedios no reflejan siempre la realidad del trabajo cotidiano. En mi equipo trabajamos con austeridad y compromiso. Cada peso se usa con sentido público. El verdadero valor de un legislador se mide en el territorio, en la cercanía con la gente.”
Eficiencia, austeridad y representación: una discusión que sigue abierta
El debate sobre los costos del Poder Legislativo vuelve a exponer una tensión estructural de la política argentina: cómo equilibrar la austeridad con la representatividad democrática.
Mientras el oficialismo cordobés exhibe el informe como un logro de gestión, la oposición reclama que el bajo gasto no puede usarse como argumento de eficiencia cuando el cuerpo sesiona con menor frecuencia o el debate se limita a los temas que el Ejecutivo define.
El estudio de la Fundación Libertad, más allá de las lecturas partidarias, reactualiza una pregunta central: ¿puede medirse la calidad institucional únicamente en pesos y millones?
Córdoba, una vez más, aparece como un laboratorio de esas tensiones —entre el ahorro y la participación, entre la administración eficiente y la voz plural— en un escenario político cada vez más polarizado y con la mirada ciudadana puesta sobre el costo (y el valor) de la política.
Diario Mystica Cba 