La Municipalidad de Córdoba sostuvo que concluyó el plan de mejora de accesibilidad en el microcentro —un proyecto central del programa Respira Córdoba que prometía 85 rampas nuevas y la refacción de otras 70—, pero un relevamiento campo por campo realizado por la Concejal Fabiana Gutiérrez acompañada por su equipo, pone en duda esa versión: hay fallas de diseño, diferencias entre lo pagado y lo construido, y obras con vicios que comprometen la seguridad de las personas con movilidad reducida. El Concejo Deliberante ya presentó un pedido formal de informes para aclarar montos, plazos y controles.
Qué prometía el plan (y cuánto costó)
Según el expediente municipal, la obra se licitó en el marco del Plan Integral de Recuperación del Área Central (PRIAC) y del programa Respira Córdoba, con un presupuesto oficial cercano a $150 millones y un plazo de ejecución de 90 días para la etapa inicial de 85 rampas (50 en corredores principales y 35 en calles secundarias). La contratación se adjudicó a la firma Orange Obras Civiles S.A. mediante subasta.
Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano se informó públicamente que la inversión —reportada en distintos documentos entre $146,5 y $149,9 millones— se destinó a la construcción y reparación en puntos estratégicos del microcentro y corredores de convivencia.
El relevamiento de Fabiana Gutiérrez: metodología y hallazgos
Gutiérrez realizó un recorrido “rampa por rampa” por la totalidad de las intervenidas en el área centro. Su metodología incluyó inspección visual, medición de pendientes y dimensiones, verificación del material de las baldosas podotáctiles y contraste entre lo ejecutado y lo que figura en los planos y actas de obra. El resultado es un informe crítico que, en lo esencial, señala:
- Inconsistencias en el diseño podotáctil: baldosas mal colocadas o de características que dificultan —en lugar de facilitar— la orientación de personas con discapacidad visual.
- Vicios de construcción: algunas rampas presentan defectos de terminación y, en casos puntuales, materiales cuya durabilidad y seguridad están en duda (por ejemplo, rampas plásticas que ya se habían señalado previamente como problemáticas).
- Diferencias entre lo pagado y lo construido: señales de que el monto certificado y abonado a la contratista no coincide con la cantidad y calidad de obras efectivamente ejecutadas. El relevamiento detectó menos unidades en condiciones óptimas de las que el expediente oficial declara.
- Pendientes y anchos fuera de norma en ciertos tramos, lo que puede afectar la seguridad y autonomía de las personas que usan sillas de ruedas.
Gutiérrez también documentó la ausencia de información clara en algunos puntos: falta de actas de recepción definitiva, certificados de inspección completos y planos de replanteo firmados por la contratista en varios casos. Esa carencia motivó la presentación de un pedido de informes ante el Concejo.
Reacción institucional: subasta, empresa adjudicataria y controles
El proyecto aprobado en el marco de Respira Córdoba figura con el expediente N° 926-020250/2024 y la subasta resultó favorable a Orange Obras Civiles S.A. El texto del pedido de informes presentado en el Concejo solicita datos precisos: cuántas rampas nuevas se hicieron y cuántas se repararon, inspecciones realizadas, metros cuadrados certificados, porcentaje ejecutado del presupuesto y si las obras cuentan con final de obra y fueron abonadas. Ese pedido pone el foco en la trazabilidad administrativa del gasto y el control técnico de la ejecución.
En paralelo, fuentes municipales difundieron que la intervención se realizó respetando criterios técnicos —pendientes reglamentarias, baldosas podotáctiles de la marca consignada y un lenguaje de tránsito unificado— y que la iniciativa busca mejorar la inclusión y la experiencia turística del centro. Sin embargo, el informe independiente de Gutiérrez y la discordancia en cifras alimentan la demanda de mayor transparencia.
Impacto real para las personas con movilidad reducida
Más allá de los números y los expedientes, los problemas detectados tienen consecuencias concretas: rampas mal diseñadas o sueltas, podotáctiles mal colocadas y pendientes inadecuadas no sólo frustran la autonomía de quienes las usan, sino que generan riesgos de caídas y accidentes. Para quien depende de una silla de ruedas o de señales podotáctiles para desplazarse, una rampa defectuosa es más que una molestia: es una barrera que vuelve a exclusión aquello que debía ser acceso.
Qué pide el Concejo y cuáles son los pasos a seguir
El pedido de informes aprobado en el Concejo obliga al Ejecutivo —a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano— a informar, en 15 días, sobre aspectos claves: listado de trabajos realizados, empresa contratista, certificaciones de obra, metros cuadrados certificados, porcentaje de ejecución del presupuesto, planos de replanteo y estado de pagos. El objetivo formal es verificar la correcta aplicación de recursos públicos y el cumplimiento de las normas técnicas.
Avance con sombras que exigen respuestas
El plan de rampas del centro de Córdoba respondía a una necesidad incontrovertible y contó con un diseño participativo en su origen —con universidades y organizaciones civiles—, pero los hallazgos del relevamiento independiente de Fabiana Gutiérrez muestran que ejecutar una política pública de accesibilidad exige más que buenas intenciones: requiere control riguroso, planes de verificación técnica y rendición de cuentas clara. Hasta que no se clarifiquen las diferencias entre lo contratado, lo pagado y lo efectivamente construido, el avance anunciado corre el riesgo de convertirse en un blanqueo formal sin soluciones plenas para quienes más necesitan esos dispositivos.
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