No hay frase que refleje mejor la desprotección que viven los cordobeses que esta: ni el 911 funciona.
El reciente episodio ocurrido en la ruta 5, donde dos periodistas de La Voz del Interior presenciaron un accidente fatal y no lograron comunicarse con ninguna línea de emergencia, es el retrato más crudo de un sistema de seguridad que ya no da más.

Llamaron al 911, al 101, al 107… Nadie atendió. Pasaron minutos eternos en los que se podría haber salvado una vida. Finalmente, solo respondió una línea del 0800 destinada a incendios forestales. Mientras tanto, un auto ardía en llamas y una persona perdía la vida.
¿En manos de quién está la seguridad en Córdoba?

Este hecho no es un error aislado. Es la consecuencia directa de un gobierno que nunca le dio prioridad a la seguridad pública, que improvisa sin planificación, sin inversión y, sobre todo, sin capacidad. Con los avances que existen hoy en comunicaciones y tecnología, resulta inadmisible que un llamado de emergencia no sea atendido. Lo que debería ser un sistema rápido, eficiente y automatizado, sigue dependiendo de líneas rotativas obsoletas y de una estructura operativa que no da abasto.

Desde el propio 911 reconocen que el sistema es “antiguo” y que no registra los tiempos de espera. Es decir, no hay control real sobre cuántas llamadas se pierden ni cuántas vidas se ponen en riesgo por la falta de respuesta. Hablan de una futura “transformación tecnológica”, pero mientras tanto, los cordobeses siguen llamando al vacío cuando más lo necesitan.

La situación es gravísima. Cuando un ciudadano marca el número de emergencia, lo hace en su momento de mayor vulnerabilidad. Espera una respuesta, una contención, una acción inmediata. No hay excusa que justifique que el Estado no atienda el teléfono.
Y si el Estado no puede garantizar ni eso, ¿de qué política de seguridad estamos hablando?

El gobernador Llaryora intenta mostrarse como un gestor moderno, pero la realidad le marca otra cosa: Córdoba vive una crisis de seguridad estructural. La Policía sin conducción, los barrios tomados por el delito, las fuerzas sin equipamiento ni coordinación, y ahora, un sistema de emergencias que ni siquiera funciona.

La falta de planificación es tan evidente como peligrosa. Los anuncios de “grandes cambios” que se vienen son apenas promesas sobre un modelo de gestión que llega siempre tarde, cuando el daño ya está hecho. No hay una política de prevención, no hay inversión real en tecnología ni capacitación, y lo más preocupante: no hay conducción política clara en materia de seguridad.

El artículo 144, inciso 16, de la Constitución Provincial es claro: el gobernador es el máximo responsable del orden y la seguridad en Córdoba. No puede seguir mirando para otro lado mientras los ciudadanos pierden la vida esperando que alguien atienda el teléfono.

La seguridad no se improvisa ni se resuelve con marketing. Se construye con planificación, inversión y compromiso. Y eso, lamentablemente, es lo que hoy brilla por su ausencia.