El legislador radical impulsa un debate profundo sobre la seguridad en la provincia y propone trasladar la fuerza policial a la órbita municipal. La iniciativa busca que los cordobeses decidan en una consulta popular prevista para marzo de 2026.

La discusión por la seguridad en Córdoba vuelve a instalarse en el centro del debate político. El legislador radical Dante Rossi presentó un proyecto de ley que propone una consulta popular en la Ciudad de Córdoba para que los vecinos decidan si están de acuerdo en que el municipio asuma el control total de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana, actualmente bajo jurisdicción provincial.

La propuesta, que prevé realizar la votación el 1 de marzo de 2026, implicaría un traspaso masivo de recursos, infraestructura y personal desde el Gobierno provincial hacia el Ejecutivo municipal, algo sin precedentes en la historia institucional de Córdoba.

Una idea que revive una vieja propuesta de De Loredo

La iniciativa de Rossi no surge de la nada. Se enmarca en la misma línea que había impulsado su correligionario Rodrigo de Loredo durante la campaña a intendente de 2023. En aquel entonces, el diputado nacional había planteado que la ciudad debía asumir la gestión de la seguridad, incluyendo el traspaso de los más de 10.000 agentes policiales que operan en la Capital.

“Con nuestros equipos estamos listos para hacernos cargo. La transferencia a nuestro ámbito nos permitirá trabajar mejor, brindar un mejor servicio y lograr resultados concretos en el mediano plazo”, afirmaba De Loredo durante aquella campaña. Su derrota electoral dejó la propuesta en suspenso, pero Rossi decidió retomarla y darle forma legislativa.

“Han fracasado estrepitosamente”

En la presentación del proyecto, Rossi fue contundente con su diagnóstico: “La inseguridad es hoy el principal problema de los cordobeses, y el Gobierno provincial ha fracasado estrepitosamente en esta materia, porque abordó el tema desde el marketing y la publicidad”.

El legislador criticó las políticas implementadas durante las últimas dos décadas y media por el peronismo cordobés. Mencionó como ejemplos la creación de siglas como la CAP, las presentaciones de móviles en el Estadio Kempes y las motos con sidecar “que para nada sirvieron”.

Según Rossi, la Policía de Córdoba sufre una profunda desprofesionalización, carece de liderazgo, inversión y tecnología, y padece la ausencia de un plan sostenido en el tiempo que trascienda los gobiernos. “No hay una política de Estado consensuada con todas las fuerzas políticas”, remarcó.

Los límites legales del traspaso

La propuesta, sin embargo, enfrenta un obstáculo estructural: los municipios de la provincia no son autónomos en materia de seguridad. A diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —modelo al que Rossi hace referencia—, la función policial en Córdoba depende exclusivamente del Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Seguridad.

La Ley de Seguridad Pública provincial es clara: la Policía ejerce sus funciones en todo el territorio, salvo en zonas de competencia federal o militar. Cualquier intento de municipalizar la fuerza requeriría una modificación profunda de la legislación vigente, e incluso podría abrir la puerta a que los más de 400 municipios y comunas de la provincia reclamen la misma potestad.

Aun así, el proyecto plantea un esquema mixto: las fuerzas que operen en la ciudad quedarían bajo órdenes del intendente y supervisión del gobernador, conforme al artículo 144 inciso 16 de la Constitución Provincial.

Qué propone Rossi

El texto de la iniciativa incluye el traspaso de unos 11.000 agentes, 1.400 vehículos y 49 dependencias policiales —entre comisarías y subcomisarías— junto con su correspondiente presupuesto.

Rossi defiende la propuesta bajo el concepto de una “policía de cercanía”, modelo que, según afirmó, “se impone como paradigma en el mundo entero”. Citó el caso de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como ejemplo de gestión más eficiente y con mayor vínculo territorial.

“No buscamos un salto al vacío. Queremos un esquema que acerque la seguridad al vecino y permita una mejor coordinación con los servicios municipales”, explicó.

La consulta popular y el desafío político

El legislador propone instrumentar la votación a través de los mecanismos de democracia semidirecta previstos en la Ley 7811, defendiendo la idea de que “fortalecer la democracia también implica involucrar a la sociedad en los grandes temas”.

“Queremos consultar a los vecinos de Córdoba sobre si están de acuerdo en que la Ciudad administre su propia fuerza policial”, concluyó Rossi.

Un debate necesario, pero complejo

El planteo de Rossi reabre una discusión de fondo sobre el rol del Estado provincial y los municipios en materia de seguridad. Mientras el Panal insiste en mostrar resultados con nuevos móviles, cámaras y programas, la percepción ciudadana sigue marcando que la inseguridad es el principal problema de la provincia.

Abrir el debate sobre la descentralización del poder policial puede ser un paso hacia una gestión más cercana al ciudadano, pero también plantea interrogantes de fondo:
¿Están los municipios en condiciones reales de gestionar una fuerza policial?
¿Puede sostenerse un esquema donde cada intendencia reclame su propia policía?
Y sobre todo, ¿está el Gobierno provincial dispuesto a ceder poder en uno de los ámbitos más sensibles de su gestión?

Por ahora, la propuesta de Rossi pone el tema sobre la mesa. El desafío será que el debate no quede —una vez más— atrapado entre los límites del marketing y la oportunidad política.