Una vez más, los cordobeses volvemos a ser las víctimas directas del desmanejo económico de este gobierno provincial. Llaryora, en lugar de ordenar el gasto público que él mismo incrementó desde que asumió, decidió que seamos los ciudadanos quienes paguemos la cuenta de su descontrol. Hoy lo hace a través de la suba de EPEC, ayer fue el agua, y antes los peajes. Córdoba ya tiene las tarifas más caras del país, y la situación se vuelve insostenible.

Desde noviembre, la Empresa Provincial de Energía (EPEC) está autorizada a aplicar un nuevo aumento del 3,39% en el valor agregado de distribución (VAD), el componente de la factura que cubre los costos propios de la empresa. Se trata del incremento más alto en lo que va del año, y se suma a una larga cadena de ajustes que desde enero ya acumulan un 32% en la porción local de la tarifa eléctrica.

Mientras tanto, el gobierno intenta maquillar el impacto diciendo que el traslado final al usuario sería “solo del 1,5%”. Pero los cordobeses lo sabemos bien: cada mes la boleta de la luz, del agua o de los impuestos llega más cara, y el sueldo cada vez alcanza menos.

La explicación oficial apela a fórmulas técnicas, índices polinómicos y resoluciones del Ersep. Pero detrás de la letra chica hay una verdad simple: Llaryora está cubriendo el exceso de gasto público con el bolsillo de la gente. Cada punto de aumento no es otra cosa que una forma encubierta de recaudar más, porque no se animan a sincerar que la Provincia está en déficit y que no pueden sostener la estructura política y publicitaria que crearon.

A esto se suma el reciente incremento de los peajes de Caminos de las Sierras, que subieron un 2,65% en septiembre, y el aumento en el servicio de agua, que se aplicó hace apenas días. Todo esto conforma un cuadro de asfixia económica que castiga al trabajador, al jubilado, al comerciante y a las pymes.

Mientras el gobernador Llaryora y el exgobernador Schiaretti recorren el país hablando del “modelo Córdoba”, acá los vecinos viven con el agua y la luz impagables, los impuestos provinciales por las nubes y un transporte que sigue siendo de los más caros de la Argentina.

No hay equilibrio fiscal cuando se gobierna aumentando tarifas. No hay eficiencia cuando el costo del Estado crece a la par del endeudamiento. Y no hay justicia cuando el ajuste recae siempre sobre el mismo sector: los que trabajan, los que producen y los que todavía sostienen a Córdoba con su esfuerzo diario.

Por eso lo digo claramente: basta de asfixiar al pueblo cordobés. No podemos seguir pagando los errores de un gobierno que gasta más de lo que tiene y que, en lugar de ordenar las cuentas, decide seguir exprimiendo a los contribuyentes.

El verdadero equilibrio fiscal no se construye con impuestazos, sino con transparencia, austeridad y responsabilidad en la gestión pública. Y eso, lamentablemente, es lo que sigue faltando en Córdoba.