El gobernador dispuso una reducción del 30% en la estructura del Gobierno de Córdoba. Cultura, Deportes, Turismo e Inversión dejarán de ser agencias y pasarán a tener autonomía administrativa y financiera. Nace el ente “ProCórdoba” para centralizar innovación, exportaciones e inversiones.
En una movida que reconfigura buena parte del organigrama del Estado provincial, el gobernador Martín Llaryora dispuso mediante decreto una reducción del 30% en el número de agencias del Gobierno de Córdoba. La decisión forma parte del proceso de “reorganización administrativa” que el Ejecutivo viene impulsando desde comienzos de año y que apunta —según el discurso oficial— a mejorar la eficiencia y la transparencia de la gestión pública.
La medida, formalizada este jueves, implica la disolución de las agencias Córdoba Cultura, Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF). Todas ellas se transformarán en entes autárquicos, conservando su denominación y funciones, pero con un marco legal distinto. En términos prácticos, pasarán a tener mayor autonomía financiera y administrativa, aunque sin desvincularse del control político del Poder Ejecutivo.
Una reforma con sustento legal y objetivos múltiples
La transformación se apoya en la Ley N° 11.015, que habilita al Gobierno provincial a reconvertir sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la normativa vigente. Desde el Centro Cívico explicaron que la decisión “responde a la necesidad de adaptar la estructura estatal a los nuevos marcos normativos y a un contexto económico que exige optimizar recursos sin afectar los servicios”.
En paralelo, el decreto crea el ente autárquico “ProCórdoba”, dependiente del Ministerio de Economía y Gestión Pública, que fusionará las funciones de tres organismos: la Agencia ProCórdoba, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y la Agencia para la Competitividad de Córdoba. El nuevo ente tendrá la tarea de integrar estrategias de promoción de inversiones, innovación tecnológica y exportaciones, tres ejes que Llaryora considera esenciales para la “Córdoba productiva” que busca consolidar.
“Este rediseño institucional no implica un retroceso en políticas públicas, sino una modernización del Estado para hacerlo más ágil, eficiente y sostenible”, afirmaron fuentes cercanas al gobernador.
Continuidad laboral y reasignación de recursos
Uno de los puntos sensibles de la reforma era el destino del personal de las agencias eliminadas. En el comunicado oficial, el Gobierno aseguró que todos los trabajadores serán reubicados en los nuevos entes autárquicos y que los bienes, presupuestos y programas de las agencias disueltas se reasignarán sin interrupciones.
Los ministerios de Gobierno y de Economía y Gestión Pública conducirán el proceso de transición, con la intervención de la Fiscalía de Estado para garantizar la legalidad de los traspasos.
Desde la administración provincial subrayan que se trata de una continuidad institucional con nueva forma jurídica, y que las políticas culturales, deportivas y turísticas “no sufrirán alteraciones”, aunque ahora tendrán mayor capacidad de decisión presupuestaria.
Un paso más en la “reforma Llaryora”
La reducción de agencias no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de medidas de ajuste y reestructuración institucional que el mandatario viene promoviendo desde el inicio de su gestión.
En febrero, durante la apertura de sesiones legislativas, Llaryora anticipó que su gobierno encararía una racionalización del Estado. En abril, avanzó con la disolución de la Agencia de Conectividad Córdoba, antecedente directo del actual rediseño.
En términos políticos, la jugada refuerza la idea de un “Estado más chico, pero más fuerte”, alineada con la narrativa que el propio gobernador ha impulsado para diferenciar su gestión tanto del schiarettismo tradicional como del modelo centralista que cuestiona en la Nación.
Austeridad o recentralización
Aunque la medida se presenta bajo el rótulo de “eficiencia y modernización”, en algunos sectores del oficialismo y la oposición circula la sospecha de una recentralización del poder administrativo. La conversión de agencias en entes autárquicos podría, paradójicamente, darle al Ejecutivo mayor control indirecto sobre áreas sensibles mediante la designación de autoridades y la gestión de presupuestos.
En cualquier caso, la reforma administrativa marca un punto de inflexión en la estructura estatal cordobesa. Con menos agencias, más entes y una concentración funcional en Economía, Llaryora busca imprimir su sello en el diseño institucional del Estado provincial, apostando a un modelo que combine austeridad, autonomía y control político en dosis cuidadosamente medidas.
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