Call center de empleados públicos presionados para hacer campaña

Una vez más, el Gobierno de Córdoba demuestra que no tiene límites a la hora de confundir el Estado con la política partidaria. Mientras los cordobeses enfrentan la pobreza, la inseguridad, la inflación y el impuestazo más alto del país, el oficialismo utiliza los recursos públicos para hacer campaña electoral a favor de “Juan”.

En las últimas horas trascendió una convocatoria enviada por canales oficiales a funcionarios provinciales y municipales —ministros, secretarios, subsecretarios, directores y demás jerarquías— para asistir, con carácter obligatorio, a una “jornada de trabajo” en el Club Germinar, en la ciudad de Córdoba. Lo llamativo no es solo el tono de la comunicación, sino el contexto: estamos en plena campaña electoral, y los empleados públicos están siendo presionados para participar en actividades proselitistas disfrazadas de reuniones de gestión.

Esto no es nuevo, pero sí cada vez más grave. El gobierno de Llaryora y Passerini ha convertido las estructuras del Estado en un enorme call center político, donde se obliga a empleados provinciales y municipales a trabajar para la campaña. Se los amenaza con sanciones si no asisten o si se niegan a participar de actividades que claramente nada tienen que ver con sus funciones.

Estamos frente a una práctica ilegal, penada por la ley. No solo constituye un delito penal por la utilización de recursos públicos con fines electorales, sino también un delito electoral, que vulnera los principios básicos de igualdad y transparencia que deben regir en una democracia.

El gobierno no tiene límites: usa edificios públicos, vehículos oficiales, horas de trabajo y fondos estatales para sostener una maquinaria electoral que busca mantener un modelo agotado, sostenido en el marketing y la propaganda. No hubo recurso que no utilizaran ni medio proselitista que no explotaran al máximo. Todo a costa del dinero de los cordobeses.

Mientras tanto, en su discurso de campaña, nada dicen sobre el impuestazo, la pobreza, la inseguridad o la corrupción. Se llenan la boca hablando de gestión, pero gobiernan con aprietes y silencio. Los mismos que dicen representar la “modernidad” están repitiendo las peores prácticas del viejo poder político: manipular, presionar y condicionar a los trabajadores del Estado para conservar privilegios.

Los cordobeses merecemos un gobierno que respete las instituciones, que se ocupe de los problemas reales y que no utilice la estructura pública como herramienta partidaria. Es tiempo de ponerle un freno a esta impunidad.