Una vez más, el oficialismo demuestra que su prioridad no es la democracia, ni la transparencia, ni el debate legislativo: es cuidar su campaña electoral. Llaryora y Schiaretti, fieles a su estilo, decidieron cerrar la Legislatura provincial hasta después de las elecciones.

No se trata de una cuestión de agenda ni de tiempos institucionales. Se trata de una estrategia política: cerrar los frentes, silenciar las críticas y blindarse para no perder más votos. En lugar de enfrentar los problemas reales que viven los cordobeses —la crisis en salud y educación, los hechos de corrupción, los sueldos y jubilaciones de pobreza, la inseguridad que crece día a día—, el Gobierno provincial prefiere apagar el micrófono de la oposición y esconder la realidad detrás de una costosa campaña mediática.

Mientras tanto, las pantallas de televisión y las redes se llenan de publicidad oficial que busca mostrar una provincia que no existe. Un relato de progreso que se contradice con la vida cotidiana de miles de cordobeses que ya no llegan a fin de mes, que hacen colas interminables para acceder a un turno médico o que viven con miedo ante la inseguridad.

Cerrar la Legislatura es un gesto autoritario y cobarde. Es negar el espacio donde deben discutirse los temas más urgentes de la provincia. Pero claro, para el oficialismo es más conveniente callar las voces opositoras y evitar cualquier debate que exponga las falencias de su gestión.

Schiaretti no quiere dar la cara por el desastre que está dejando Llaryora en la administración provincial. Prefiere mirar para otro lado, mientras los mismos problemas que se acumularon durante 25 años de peronismo se profundizan: un sistema de salud colapsado, una educación pública deteriorada, una seguridad sin rumbo y un Apross en crisis.

Y como si eso no fuera suficiente, ahora salen con la chequera en mano —el dinero de todos los cordobeses— a hacer campaña, intentando revertir un resultado electoral que ya les dio una advertencia clara: los cordobeses están cansados, desilusionados y dispuestos a ponerle un freno a este modelo que pretenden exportar al país.

La decisión de cerrar la Legislatura es una confesión política. Es reconocer que no pueden sostener el debate, que no tienen argumentos para defender lo indefendible y que necesitan esconderse detrás de la propaganda. Pero el silencio no borra la realidad: Córdoba vive un deterioro institucional y económico profundo que ya nadie puede ocultar.

Por eso lo digo con firmeza: cerrar la Legislatura es cerrar la voz de los cordobeses. Y eso, en democracia, es inaceptable.

Miguel O. Nicolás
Legislador Provincial – Bloque UCR