Aunque la inseguridad continúa encabezando los reclamos sociales en Córdoba, el tema quedó relegado en la agenda electoral. Ni oficialismo ni oposición parecen dispuestos a ponerlo en el centro de la discusión, en una campaña que se nacionalizó al ritmo de las peleas por la economía, las retenciones, el federalismo y la confrontación con Javier Milei.

Sin embargo, esta semana un actor externo podría sacudir la comodidad de los candidatos: la Iglesia.

El silencio de la política

En otras elecciones legislativas, la inseguridad había atravesado de lleno el debate. Hoy, en cambio, no ocupa un lugar central. La ausencia de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en la boleta parece haber desinflado la confrontación local, y los principales espacios optan por no exponerse en un terreno siempre espinoso.

Desde el Panal reconocen que el tema será inevitable en la contienda provincial de 2027, aunque advierten que la inseguridad es un factor capaz de alterar en cualquier momento los planes de un gobierno. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se mantiene con bajo perfil en la campaña, pero su rol es clave: evitar que episodios graves estallen sobre la gestión de Martín Llaryora y compliquen la proyección nacional de Juan Schiaretti, quien se presenta como garante del “orden” cordobés.

El oficialismo, de hecho, prepara anuncios en materia de seguridad para los próximos días, en un intento de blindarse frente a posibles cuestionamientos.

Oposición sin filo

La oposición también evita incomodar demasiado. En La Libertad Avanza, el único que atacó a Schiaretti fue el propio presidente Milei durante su visita a Córdoba. Ramón Mestre ensaya críticas puntuales, acusando al cordobesismo de “cinismo” por reclamar a la Nación lo que no cumple en la provincia, pero sin instalar la inseguridad como bandera.

Natalia de la Sota, por su parte, decidió no confrontar con el peronismo provincial: su estrategia es encarnar el voto anti mileísta, y responder a Schiaretti podría desviarla de ese eje.

Así, la inseguridad queda flotando como un problema latente, del que todos hablan en privado, pero nadie quiere llevar al escenario principal.

La Iglesia irrumpe en campaña

La Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba convocó a los 18 candidatos que competirán en la provincia a un encuentro este miércoles para debatir propuestas en torno al narcotráfico y las drogas. Según informaron, la mayoría confirmó asistencia.

La iniciativa cobra fuerza política porque el arzobispo Ángel Rossi podría encabezar el encuentro. Rossi ha sido crítico en reiteradas oportunidades frente a la falta de abordaje político de los problemas de narcotráfico en los barrios cordobeses.

La Iglesia busca, así, instalar un tema que la dirigencia intenta esquivar: cómo enfrentar el avance del narco en los sectores más vulnerables, donde la ausencia del Estado se siente con crudeza.

El grito de las villas

En paralelo, los sacerdotes de barrios populares de todo el país difundieron un comunicado tras el triple asesinato de Brenda, Morena y Lara en Buenos Aires. Allí advirtieron que el “narcotráfico despenalizado” ya es una realidad en los barrios, y que el corrimiento del Estado dejó espacio libre para el delito.

“La insuficiencia de los comedores, planes sociales eliminados, oficinas del Estado corridas, obras en los barrios populares abandonadas, son muestra de la indefensión de nuestras comunidades”, señalaron.

Una agenda incómoda

La inseguridad, pese a liderar las preocupaciones de los cordobeses, quedó fuera del radar electoral. Pero el intento de la Iglesia por forzar el debate sobre narcotráfico podría alterar esa dinámica y poner a los candidatos frente a un tema que incomoda por igual a oficialismo y oposición.

El silencio puede ser útil en campaña, pero, como advierten en los pasillos del Panal, la inseguridad es una espina que en cualquier momento puede clavar el tablero político de Córdoba.