En un hecho poco habitual, oficialismo y oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba dejaron sus diferencias de lado para presentar un proyecto conjunto que promete revolucionar la fiscalización del tránsito en la ciudad. La iniciativa, bautizada como Sistema de Reporte Ciudadano de Infracciones, busca habilitar a cualquier vecino para denunciar, a través de una aplicación móvil, las infracciones de tránsito que detecte en la vía pública. El proyecto fue presentado por Nicolás Piloni, del oficialismo, y Javier Fabre, de la oposición, y ya encendió las alarmas del poderoso sindicato municipal.

Cómo funcionaría el sistema

El mecanismo es sencillo y se apoya en herramientas tecnológicas ya disponibles. A través de la App Ciudadana, cualquier vecino podría tomar tres fotos geolocalizadas que muestren claramente una infracción —por ejemplo, un vehículo que obstruya una cochera particular, bloquee rampas para personas con discapacidad, ocupe una parada de transporte público o esté mal estacionado en una esquina— y enviarlas como denuncia.

El sistema validaría automáticamente las imágenes y, de comprobarse la infracción, se emitiría de inmediato un acta y una orden para remover el vehículo. En la práctica, el vecino pasaría a ser un “inspector ocasional” y, con un simple trámite desde su celular, activaría un proceso sancionatorio completo.

Los impulsores del proyecto destacan que su implementación tendría un costo casi nulo: salvo la incorporación de un software específico, el municipio podría contar con hasta 1,5 millones de ciudadanos colaborando activamente en la fiscalización del tránsito, sin ampliar la estructura burocrática. Además, subrayan que fomentaría la participación ciudadana y agilizaría la resolución de conflictos cotidianos en una ciudad que crece aceleradamente y sufre problemas estructurales de tránsito.

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El rechazo del Suoem: la amenaza de la automatización

Sin embargo, el entusiasmo político contrasta con el malestar creciente dentro del Suoem, especialmente en las áreas vinculadas a la fiscalización. No es casual: el sindicato percibe que el proyecto podría reducir drásticamente la necesidad de grandes cuerpos de inspectores de tránsito, uno de sus bastiones tradicionales.

Con la nueva herramienta, bastaría con una pequeña dotación de agentes para controlar las denuncias enviadas por la aplicación, mientras que el grueso del proceso quedaría automatizado. Y eso, en clave sindical, se traduce en pérdida de poder, influencia y horas extras, uno de los puntos más sensibles en la relación entre el municipio y el gremio.

Además, el Suoem observa con recelo el efecto contagio que podría tener la digitalización del labrado de actas en otras áreas de control municipal, como habilitaciones comerciales, inspecciones alimentarias o espectáculos públicos. Aunque estas áreas son más complejas y no podrían automatizarse por completo, sí podrían digitalizarse y trazabilizarse, transparentando procesos que hoy se desarrollan de manera opaca y con discrecionalidad.

Y ahí radica el punto neurálgico: la digitalización haría casi imposible sostener prácticas irregulares o negocios espurios, un terreno donde los intereses en juego son significativos.

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Un tema menor con implicancias mayores

Es cierto que este proyecto no forma parte del núcleo central de la gestión municipal y difícilmente se convierta en un eje de evaluación del gobierno local por parte de la ciudadanía. Pero sí representa un test de carácter político: la capacidad de una gestión para enfrentar la resistencia del Suoem y avanzar con soluciones innovadoras.

En definitiva, el Sistema de Reporte Ciudadano de Infracciones no solo plantea un cambio tecnológico, sino también una disputa de fondo entre modernización y corporativismo sindical. Su futuro dependerá de si la política logra sostener la alianza inédita que lo alumbró y si el municipio está dispuesto a confrontar con uno de los actores más poderosos de su estructura interna.