La decisión del gobierno nacional de avanzar con medidas judiciales contra un periodista volvió a encender la polémica en el país y generó una ola de repudios que atraviesa distintos sectores de la sociedad argentina. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y respaldada por el presidente Javier Milei, incluye el pedido de allanamiento y la prohibición de ejercer la profesión.

En el ámbito político, la reacción fue inmediata. Dirigentes de la oposición denunciaron un claro abuso de autoridad y algunos incluso promovieron acciones legales y políticas contra la administración libertaria. En Córdoba, el legislador provincial Dante Rossi propuso que se instruya a los representantes nacionales para que impulsen un juicio político contra el mandatario.

Entre las voces más críticas se destacó la de Natalia De la Sota, diputada nacional y candidata a la reelección por el espacio Defendamos Córdoba, quien apuntó directamente contra la Casa Rosada:

“La censura previa, la persecución a periodistas y la limitación a la libertad de expresión son incompatibles con la democracia republicana. El Presidente Milei y su gobierno, que declaman libertad y ejercen autoritarismo, deben retroceder en sus violentas acciones”, afirmó la legisladora.

La hija del exgobernador José Manuel de la Sota viene intensificando su presencia pública en plena campaña, con reuniones en diferentes localidades cordobesas, a la par de su actividad legislativa en la Cámara de Diputados. Su postura en defensa de la libertad de expresión se suma a un clima político cada vez más tenso, en el que la discusión sobre los límites del poder presidencial y el respeto a las instituciones gana protagonismo.

Lo que comenzó como un episodio aislado amenaza con convertirse en un nuevo frente de conflicto para Milei, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el carácter de su gestión. El discurso libertario de defensa irrestricta de las libertades individuales choca de lleno con las medidas de censura denunciadas por periodistas, opositores y organizaciones de derechos humanos.

En este escenario, Córdoba vuelve a ser un epicentro de resistencia política, con dirigentes locales marcando distancia y cuestionando con dureza el rumbo del gobierno nacional.