La represión policial ocurrida en Córdoba durante la protesta de los trabajadores de ATE sumó un nuevo capítulo de controversia institucional. Entre los manifestantes reprimidos también se encontraban periodistas que cumplían con la cobertura del hecho, lo que desató el repudio de distintos sectores políticos y sociales.

El legislador provincial Miguel Nicolás (UCR) presentó en la Legislatura un proyecto de declaración que expresa un enérgico rechazo a lo sucedido. “Estamos ante un accionar impropio de un gobierno democrático, que cercena el derecho de los cordobeses a informarse y limita la labor del periodismo, pilar fundamental de la vida institucional”, señaló el legislador.

Según el texto ingresado en el recinto, la represión no solo violentó derechos de los trabajadores en protesta, sino que también atacó garantías constitucionales como la libertad de expresión, el libre tránsito y el derecho a manifestarse en reclamo de mejores condiciones laborales. “Se maltrata y se amenaza a los trabajadores de prensa simplemente por realizar una cobertura que hoy no le conviene a Llaryora ni a Schiaretti”, expresó Nicolás.

El proyecto de rechazo presentado en la Legislatura advierte además que no se trata de un hecho aislado. “No es la primera vez que la Policía de Córdoba reprime con violencia a trabajadores y ciudadanos que se manifiestan en forma pacífica y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”, sostiene el texto.

El legislador radical comparó la situación con gestiones autoritarias del pasado: “Estos actos nos retrotraen a los años más oscuros de la Argentina, donde no se permitía el libre juego democrático”. En el mismo sentido, el documento denuncia que el Gobierno provincial pretende mostrar hacia afuera un “modelo Córdoba”, mientras puertas adentro viola reiteradamente derechos consagrados en tratados internacionales, la Constitución Nacional y la normativa provincial.

Nicolás exigió el inmediato esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables políticos e institucionales. “La represión contra los periodistas es un atentado contra la democracia. La violencia nunca puede ser la respuesta del Estado frente a la protesta social ni frente a la labor periodística”, advirtió.

La iniciativa de la UCR remarca además un principio básico: cuando se agrede a la prensa, no se está golpeando solo a periodistas, sino al conjunto de la sociedad, que ve restringido su derecho a informarse libremente.

El debate sobre la represión a trabajadores y periodistas en Córdoba promete profundizar la tensión entre oficialismo y oposición, en un contexto donde la libertad de expresión y el rol de la prensa vuelven a colocarse en el centro de la agenda política provincial.