En la Legislatura de Córdoba presentamos un pedido de informes que el Gobierno provincial no debería demorar ni un día más en responder. Queremos que el Ejecutivo explique, con precisión y transparencia, qué ocurre con la empresa ex Kolektor —hoy conformada bajo otros nombres, pero con la misma lógica de siempre—, esa maquinaria recaudatoria que desde hace más de dos décadas administra millones de pesos de los cordobeses sin rendir cuentas claras.

El reclamo es concreto: exigimos conocer cuántas cuentas administra actualmente esta empresa, cuánto recauda por cada una de ellas y qué montos exactos ha ingresado a las arcas provinciales en los últimos años. También pedimos que se informe la cantidad de juicios iniciados para cobrar tributos y multas de la Caminera, cuánto se recaudó por esas procuraciones y cuál es el porcentaje real de morosidad en los recursos que gestiona. Nada de esto es menor: hablamos de sumas millonarias que afectan directamente a los bolsillos de los ciudadanos.

Lo más llamativo es la relación histórica de la ex Kolektor con los gobiernos peronistas de Córdoba. Desde su origen, estuvo envuelta en denuncias de corrupción que alcanzaron incluso a su fundador, Herman Karsten. A lo largo de 21 años de gestión provincial, sus contratos fueron prorrogados y reformulados una y otra vez, como si fuera imposible pensar un esquema de recaudación más transparente y controlado directamente por el Estado.

No deja de ser paradójico que los ex legisladores Quinteros y Montero, quienes en su momento encabezaron fuertes denuncias contra esta empresa, hoy trabajen para la misma gestión a la que cuestionaban. Una contradicción que alimenta las sospechas y la desconfianza ciudadana.

La falta de transparencia es evidente: nadie puede asegurar con certeza cuántas cuentas maneja la ex Kolektor, ni cuánto dinero realmente administra. Y eso, en una provincia con los impuestos más altos del país y con servicios públicos en crisis, es inaceptable.

La pregunta que nos hacemos es simple: ¿qué beneficio real ha traído a los cordobeses este esquema de recaudación privatizado? Porque lo que vemos es que se asfixia a contribuyentes con tarifas, multas y cargas cada vez más pesadas, mientras se sostiene un sistema opaco que parece beneficiar más a unos pocos que al conjunto de la sociedad.

Por todo esto, desde el Bloque de la UCR reclamamos respuestas inmediatas. La transparencia no es un capricho opositor: es la base de la democracia y la única forma de garantizar que los recursos de los cordobeses se administren con honestidad y eficiencia.