El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo con allanamientos en Buenos Aires, secuestro de documentación clave y la aparición de pruebas que complican a exfuncionarios y empresarios vinculados al organismo.

Allanamientos en oficinas y domicilios

Los procedimientos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, se realizaron en la oficina de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, ubicada en Rivadavia 875, pleno centro porteño. Allí funciona el programa Incluir Salud, donde los investigadores incautaron documentación vinculada a contrataciones con droguerías.

Garbellini ya había sido allanado en su domicilio particular, donde se le secuestró el celular. La misma medida alcanzó a otros implicados en la causa, entre ellos el propio Diego Spagnuolo, desplazado de la dirección de la ANDIS tras la filtración de audios que lo comprometen. En una vivienda de Pilar, los investigadores le incautaron dos teléfonos, dinero en efectivo y hasta una máquina de contar billetes, un hallazgo que incrementó las sospechas sobre la magnitud de la operatoria.

Los operativos también se extendieron a la sede central de la Agencia y a diversas droguerías. En Nordelta, por ejemplo, fue sorprendido Emmanuel Kovalivker mientras intentaba huir en su auto con cerca de 200 mil dólares en sobres, además de documentos que podrían ser claves para reconstruir la presunta ruta del dinero.

La maniobra bajo la lupa judicial

De acuerdo con las hipótesis de la investigación, el esquema consistía en inflar los precios de medicamentos y desviar los fondos hacia circuitos políticos. La pista central surgió de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se habla de retornos, presiones y supuestos vínculos con Karina Milei, hermana del Presidente, y Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia.

Aunque la Casa Rosada reaccionó de inmediato desplazando a Spagnuolo e interviniendo la Agencia, el daño político sigue abierto y la causa apunta a determinar hasta dónde llegaba la red de complicidades.

Por el momento, Casanello dictó la prohibición de salida del país para Spagnuolo, los Kovalivker y responsables de la Droguería Suizo-Argentina, con el objetivo de preservar pruebas y evitar riesgos de fuga. Sin embargo, no se dispusieron detenciones ni imputaciones formales hasta ahora.

El Gobierno busca despegarse

En medio de la tormenta, el Gobierno optó por el silencio. Este viernes, durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei evitó toda referencia al caso y se concentró exclusivamente en cuestiones económicas.

Quien sí habló fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que cuestionó la conducta de Spagnuolo:

“Si estaba al tanto de estas situaciones, tenía la obligación, como funcionario público, de denunciarlas en la Justicia”.

Francos también deslizó dudas sobre el trasfondo político de la filtración:

“No deja de ser llamativo que aparezca ahora, en plena campaña electoral”.

Impacto político y escenario abierto

El avance de la investigación mantiene en vilo a la Casa Rosada. Mientras se esperan nuevas medidas judiciales y el análisis de la documentación secuestrada, el caso no sólo compromete a funcionarios desplazados sino que también expone la fragilidad del discurso oficial contra la corrupción.

Aunque el Presidente busca correr el eje del debate, el escándalo ya se instaló en la agenda pública y amenaza con convertirse en un tema de peso en la campaña electoral.