Lo que vivimos en la Legislatura de Córdoba es, sinceramente, inédito. El oficialismo, bajo las órdenes del gobernador Martín Llaryora, instruyó a sus legisladores a pedir un cuarto intermedio para suspender la sesión y marcharse, no a atender una urgencia institucional, sino a un acto político de Juan Schiaretti.

La imagen fue contundente: mientras la sociedad espera respuestas, los legisladores oficialistas se levantaron de sus bancas sin pudor, dejando de lado el debate y los proyectos en tratamiento. Se supone que el recinto es el ámbito donde se discuten las políticas públicas que pueden cambiar la vida de los cordobeses, no un espacio subordinado a la agenda electoral de un partido.

Lo más preocupante no es solo la suspensión en sí, sino el mensaje que deja. La Legislatura ya funciona con una dinámica cerrada, con pocas oportunidades reales de debate profundo. Y cuando, finalmente, logramos sesionar, el peronismo decide priorizar la foto partidaria antes que los vecinos que esperan soluciones concretas.

¿Tan difícil es hacer un acto político otro día? ¿Tan poco valor le asignan al tiempo institucional y al compromiso con la ciudadanía? La respuesta, a la vista de todos, es que no hay interés en separar lo partidario de lo institucional.

Esto no es una cuestión menor. Cada cuarto intermedio, cada sesión suspendida por motivos que nada tienen que ver con el trabajo legislativo, significa proyectos que no avanzan, discusiones que no se dan y, en definitiva, derechos de los ciudadanos que se postergan.

El oficialismo actúa con una impunidad preocupante. Naturalizar la idea de que se puede interrumpir la labor parlamentaria para participar en actos proselitistas erosiona la calidad democrática y convierte a la Legislatura en una mera extensión del comité político del peronismo cordobés.

La función de los legisladores debería ser clara: trabajar por los vecinos, discutir proyectos, rendir cuentas y fortalecer las instituciones. Lo de ayer fue todo lo contrario: una demostración de que, para el oficialismo, la política se confunde con militancia partidaria y la institucionalidad queda relegada a un segundo plano.

Y en ese camino, los únicos que pierden son los cordobeses.