La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo en Córdoba. El ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, anunció que la Provincia se presentará como querellante en la causa que investiga la muerte de pacientes por la aplicación de un lote adulterado del anestésico. La decisión se fundamenta en las dos muertes confirmadas en territorio cordobés y en la detección de que 18 clínicas privadas de la provincia habían adquirido el lote sospechado.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa en el Centro Cívico, donde Pieckenstainer, acompañado por el secretario de Salud, Carlos Giordana, subrayó que ningún hospital público provincial recibió ni utilizó el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Farma, el mismo que está en el centro de la investigación judicial.
“El Ministerio de Salud de Córdoba actuó de inmediato ante la alerta de ANMAT, separando y retirando no solo el lote afectado, sino todos los productos de ese laboratorio, para garantizar que ninguna ampolla quede al alcance de pacientes o personal médico”, enfatizó el ministro.
La secuencia de la alerta y las medidas
La intervención provincial comenzó el 8 de mayo, tras la advertencia emitida por ANMAT sobre la alteración en la calidad del fentanilo. Inicialmente, se instruyó a todas las instituciones públicas y privadas a segregar el lote específico, pero al día siguiente la orden se amplió a todo el stock proveniente de HLB Farma, incluyendo medicamentos endovenosos, sueros y dispositivos médicos, sin importar lote o tipo.
El 11 de agosto, el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata confirmó que los lotes adquiridos por la provincia no estaban entre los contaminados. Sin embargo, la misma dependencia judicial informó que 18 instituciones privadas sí habían recibido el lote 31202, lo que encendió las alarmas y motivó la nueva estrategia sanitaria y judicial.
Coordinación con el sector privado
Si bien el Ministerio de Salud no tiene potestad para acceder a las historias clínicas de clínicas privadas, Pieckenstainer aclaró que se trabaja en colaboración para garantizar que se notifiquen los casos sospechosos o confirmados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SISA) y a la fiscalía.
“No hay resistencia de las instituciones privadas, sino necesidad de asistencia técnica para cumplir con los protocolos de notificación”, afirmó el ministro.
El monitoreo incluye revisiones retrospectivas de las historias clínicas desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo, periodo en el que el fentanilo contaminado pudo haber estado en uso.
Los casos en Córdoba
Hasta el momento, las dos muertes confirmadas corresponden a la Clínica Vélez Sarsfield, que también reportó otros dos casos retrospectivos vinculados al lote. El Gobierno provincial no descarta que surjan más casos a medida que avance la investigación interna en las clínicas involucradas.
El stock remanente en las 18 instituciones privadas fue verificado in situ por la Dirección de Farmacia del Ministerio y se encuentra aislado y bajo custodia judicial.
Una investigación con proyección nacional
El caso de Córdoba se diferencia del de otras jurisdicciones, como Santa Fe, donde el lote adulterado llegó a hospitales públicos. La decisión de sumarse como querellante coloca a la Provincia en una posición activa en la causa federal que conduce el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, buscando transparencia, trazabilidad y justicia frente a un episodio que ya tiene repercusión nacional.
Mientras tanto, la investigación se concentra en determinar cómo y dónde se produjo la contaminación del lote y si existió negligencia o adulteración intencional, un interrogante que inquieta tanto a las autoridades sanitarias como al sistema de salud en su conjunto.
