En una sesión marcada por el consenso político y la expectativa social, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza que legaliza y regula el uso de aplicaciones de transporte como Uber o Cabify. La medida, largamente postergada, busca poner fin al limbo jurídico en el que se encontraban conductores y usuarios, a la vez que introduce reglas claras para un sector que venía operando en la informalidad.

El viceintendente Javier Pretto celebró la aprobación del marco regulatorio y subrayó que la normativa abre una doble posibilidad para los choferes: continuar prestando el servicio de forma tradicional o incorporarse a plataformas digitales. “Acabamos de aprobar un marco regulatorio que le da legalidad al uso de las aplicaciones. Esto es fruto del consenso en los bloques”, afirmó.

Pretto aseguró que el Ejecutivo municipal tendrá la facultad de definir la cantidad de vehículos habilitados, considerando la población y la demanda, y prometió que “el intendente va a procurar que no desaparezcan los taxistas y remiseros y que no haya competencia desleal del otro sistema”. Además, adelantó que se revisará la actual ordenanza de taxis y remises (2859) para dotarla de mayor “movilidad y elasticidad” y permitir que puedan competir “de igual a igual” con las apps.

En diálogo con Cadena 3, el viceintendente defendió que no haya un número fijo de licencias establecido por ordenanza, sino que el Estado monitoree el servicio y, en base a su funcionamiento, determine los cupos necesarios.

El respaldo opositor y los reparos pendientes

Desde la oposición, el bloque de la Unión Cívica Radical acompañó la aprobación y destacó que era “imprescindible dar un marco legal claro a las apps de movilidad” para terminar con la desprotección de usuarios y choferes. “No podíamos seguir dejando a choferes y usuarios en un limbo jurídico que frenaba la innovación”, señalaron.

El bloque resaltó que la nueva ordenanza impone requisitos esenciales como seguros obligatorios, verificación de antecedentes y controles técnicos, a la vez que elimina privilegios monopólicos y fomenta la competencia. Sin embargo, admitieron que la normativa no es perfecta: expresaron reservas sobre la antigüedad máxima exigida para los vehículos y algunos controles que podrían ser excesivos.

Uno de los puntos de fricción fue la propuesta oficialista inicial de establecer un cupo rígido de vehículos habilitados. Según los radicales, esa medida, además de ser posiblemente inconstitucional, “cerraba oportunidades laborales y restringía la oferta, perjudicando directamente a los usuarios”. Finalmente, el tope fijo fue eliminado en la redacción final.

Un cambio que redefine el transporte en Córdoba

El bloque opositor concluyó que la aprobación de la ordenanza representa “un avance hacia un sistema de transporte más moderno y eficiente”. “Durante años, el sistema estaba detonado y nadie ponía sobre la mesa las verdaderas necesidades de los vecinos. Hoy dimos un paso hacia una Córdoba que respeta la libertad de trabajar y acompaña la innovación”, aseguraron.

La medida marca un antes y un después en la regulación del transporte urbano en la ciudad, pero también abre interrogantes: ¿logrará el municipio equilibrar la convivencia entre un modelo tradicional en crisis y uno digital en expansión? El desafío, ahora, será que las promesas de protección a taxistas y remiseros no queden en un mero discurso y que la modernización no se traduzca en desigualdad ni precarización.