La concejala Fabiana Gutiérrez presentó un proyecto de ordenanza que busca suspender por seis meses las multas por exceso de velocidad en los ingresos a la ciudad, debido a la falta de cartelería clara y adecuada.

En medio de crecientes cuestionamientos por el uso de radares en la red de accesos a la ciudad de Córdoba, la concejala Fabiana Gutiérrez presentó un proyecto de ordenanza que propone la suspensión por seis meses de todas las multas emitidas por este sistema, hasta tanto no se regularice la señalización vial en esos tramos.

La iniciativa, presentada ante el Concejo Deliberante, apunta a subsanar lo que considera una situación de «falta de información clara» sobre los límites de velocidad en los accesos a la capital provincial.

“La señalética presente se presta a confusión, generando una especie de ‘caza bobos’, de conductores que ante la falta de información sobre el límite territorial, creen que siguen circulando por rutas y no por avenidas bajo jurisdicción municipal”, argumentó Gutiérrez en los fundamentos del proyecto.

Suspensión de multas y adecuación normativa

El artículo 1 del proyecto establece la suspensión de todo control de tránsito y emisión de multas por radar en la red de accesos a Córdoba durante seis meses. El objetivo es que, durante ese período, se instale “de forma clara y visible” la señalética correspondiente, con indicación precisa de las velocidades máximas y mínimas en cada tramo.

Además, la propuesta faculta a la Dirección de Tránsito municipal a trabajar en conjunto con autoridades provinciales para remover toda señalización incorrecta, y dispone que se fije un límite de velocidad de 70 km/h desde cada acceso hasta el primer semáforo dentro del ejido urbano. También se exige que, en los egresos, se indique la velocidad máxima permitida y la obligatoriedad de encender luces bajas.

En cuanto a las multas ya emitidas, el proyecto solicita la eximición de aquellos conductores sancionados, especialmente en arterias como la Avenida Armada Argentina, donde la presencia de carteles contradictorios habría llevado a errores involuntarios. En este punto, se apoya en el artículo 78 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que contempla eximentes cuando el infractor no pudo evitar cometer la falta por razones ajenas a su voluntad.

Campañas informativas y educación vial

Otro de los ejes de la ordenanza es la implementación de campañas informativas. El proyecto encomienda a la Dirección de Tránsito a llevar adelante acciones de comunicación para que los conductores conozcan con claridad cuáles son los límites del ejido municipal y las velocidades permitidas en los ingresos y egresos de la ciudad.

“El cumplimiento de las leyes de tránsito tiene un fin supremo: el resguardo de la vida y la educación vial”, concluye el texto, remarcando la importancia de una correcta señalización para evitar situaciones injustas y, sobre todo, prevenir accidentes.

Un debate que recién comienza

La iniciativa de Gutiérrez abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de radares y el rol de los municipios en la fiscalización del tránsito. Mientras algunos sectores consideran estos controles como una herramienta fundamental para reducir siniestros, otros advierten que, sin la debida señalización, pueden transformarse en mecanismos meramente recaudatorios.

El proyecto deberá ahora ser debatido en comisión y, de recibir el acompañamiento necesario, podría marcar un cambio significativo en la política vial del municipio. La discusión está servida. ¿Se trata de una medida justa para los conductores o de una concesión que debilita los controles de velocidad? El Concejo Deliberante tendrá la última palabra.