Las tensiones entre el Gobierno nacional y la administración de Martín Llaryora sumaron un nuevo capítulo este martes, luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionara duramente el reciente aumento a las jubilaciones provinciales dispuesto por la gestión cordobesa. La respuesta no tardó en llegar desde El Panal: el legislador Miguel Siciliano acusó a Francos de incurrir en “errores por desconocimiento o malicia”.

Durante una entrevista televisiva con Luis Novaresio en A24, Francos calificó la suba otorgada por Llaryora como «una afrenta al Gobierno nacional» y apuntó directamente contra el sistema previsional cordobés, al que consideró “distorsivo”. Según el funcionario, el incremento se financia con recursos girados desde Nación a raíz del fallo de la Corte Suprema que benefició a la Provincia en la disputa por los fondos de la Caja de Jubilaciones. Incluso deslizó que podría haber un vínculo entre la mejora a los haberes y una supuesta suba en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Las declaraciones fueron leídas en Córdoba como una intromisión directa en la autonomía provincial, especialmente en un tema tan sensible como el sistema previsional. En ese contexto, Miguel Siciliano –referente del peronismo local y actual legislador provincial– salió a cruzar al jefe de Gabinete en un extenso posteo en redes sociales:

“Escuché al ministro Francos criticar la suba dispuesta por nuestro gobierno a los jubilados provinciales y en su justificación hay claramente errores en el planteo, que son por desconocimiento o con malicia”, sentenció.

Siciliano aclaró que los fondos utilizados para financiar el aumento jubilatorio provienen del presupuesto provincial, y no de partidas extraordinarias enviadas por Nación. También recordó que Córdoba tiene uno de los regímenes de Ingresos Brutos más bajos del país, y que mantiene equilibrio fiscal desde hace más de dos décadas.

“El superávit fiscal es innegociable, pero el superávit social lo es mucho más”, concluyó.

Un aumento en medio del ajuste

El conflicto se desata días después de que el Gobierno provincial anunciara una suba del 84,21% en el haber mínimo, que pasó a $700.000, y un bono bimestral de $100.000 para jubilados que cobran hasta $1.300.000. La medida fue presentada como una forma de recomponer el poder adquisitivo de los pasivos cordobeses, duramente golpeados por la inflación acumulada.

Sin embargo, para el Gobierno nacional, que viene impulsando una política de ajuste fiscal extremo bajo la doctrina de déficit cero, la jugada de Llaryora cayó como una provocación. Francos interpretó que este tipo de decisiones “generan inequidades” en un sistema federal que hoy tiene fuertes tensiones entre provincias con realidades muy distintas.

Autonomía en disputa

El choque evidencia un trasfondo más profundo: la puja por la autonomía fiscal y administrativa de las provincias frente a un Poder Ejecutivo nacional que concentra recursos, pero traslada responsabilidades. Córdoba –junto a otras jurisdicciones– ha reclamado insistentemente por fondos adeudados, sobre todo aquellos vinculados a la Caja de Jubilaciones no transferida a Nación.

En ese sentido, el fallo de la Corte Suprema que ordenó a Nación transferir los fondos en disputa fue interpretado como una reivindicación de las autonomías provinciales. Pero ahora, con las críticas de Francos, desde Córdoba temen una embestida política que busque condicionar decisiones soberanas tomadas en el marco del presupuesto provincial.

Un escenario de tensión creciente

Lejos de disiparse, el enfrentamiento verbal entre funcionarios nacionales y cordobeses parece anticipar un clima político cada vez más enrarecido. En un año donde la recesión aprieta, la obra pública está paralizada y el conflicto social late bajo la superficie, cada gesto –como el aumento a jubilados o el reclamo de fondos– puede interpretarse como una declaración de principios o una provocación.

Mientras tanto, Llaryora sigue caminando una delgada línea: intenta mostrar gestión y sensibilidad social sin romper con el esquema de responsabilidad fiscal. Pero con cada crítica de Nación, se ve empujado a reafirmar su autonomía frente a un Gobierno que exige lealtades mientras aplica el ajuste sin anestesia.

La discusión por las jubilaciones cordobesas terminó revelando algo más profundo: una disputa por el modelo de país. Uno donde las provincias reclaman decidir sobre sus recursos sin pedir permiso a Buenos Aires.