El gobernador Martín Llaryora anunció un bono no contributivo de $100.000 cada dos meses y una suba del 84,21% en el haber mínimo de los jubilados provinciales. La medida se financia con recursos que la Nación comenzó a girar a Córdoba por la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Por primera vez desde el conflicto entre Provincia y Nación por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, la administración de Martín Llaryora comienza a mostrar resultados concretos para los beneficiarios del sistema previsional. En un mensaje grabado, el mandatario anunció un refuerzo económico bimestral y una mejora sustancial en los haberes mínimos, apuntando a los sectores más vulnerables del padrón previsional.

“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, dijo Llaryora. Y agregó que continuarán “trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba”.

Un bono bimestral para 56 mil jubilados

El nuevo bono de $100.000 se pagará cada dos meses y beneficiará a 56.223 pasivos que perciben haberes inferiores a $1,3 millones brutos. Será no contributivo, es decir, no se integrará al haber jubilatorio, y se aplicará mientras continúe el envío de fondos por parte de la ANSES.

El esquema prevé pagos en julio, septiembre, noviembre, enero y marzo, coincidiendo con las cuotas que Nación se comprometió a transferir por la deuda con la Caja cordobesa.

De los $5.000 millones que la ANSES giró este mes, el 70% será destinado al pago del bono y el 30% restante al déficit estructural del sistema previsional provincial.

Suba del 84,2% en el haber mínimo

Llaryora también oficializó una suba del 84,21% en la jubilación mínima. El monto total pasará de $380.000 a $700.000, aunque el haber básico se mantiene en $210.000. Lo que se incrementa es el complemento previsional solidario, que sube de $170.000 a $530.000.

Este detalle no es menor: la base sobre la que se calcula el aporte solidario (que pagan quienes tienen doble ingreso) es la mínima global. Es decir, el nuevo piso de $700.000 impactará en los 19.000 beneficiarios que además de su jubilación provincial, perciben otros ingresos. Aquellos con ingresos superiores a $1,26 millones seguirán aportando el 20% según el artículo 58 de la ley 10.694, que no será modificado.

“El artículo 58 queda como está”, ratificó el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien además subrayó que “la decisión política es que gran parte de los fondos enviados por Nación se destinen a quienes menos tienen, no a financiar el déficit ni a Rentas Generales”.

¿Quiénes se benefician?

Según datos oficiales de la Caja de Jubilaciones, unos 18.000 pasivos se verán directamente beneficiados por la suba del complemento previsional. Entre ellos, más de 2.600 percibían hasta junio un haber inferior al mínimo vigente y otros 2.000 estaban entre los $210.000 y $370.000. El grueso se concentra en el tramo de ingresos de hasta $750.000, que incluye a más de 16.000 jubilaciones y pensiones, principalmente provenientes de municipios del interior con salarios más bajos.

El total de prestaciones activas en Córdoba es de aproximadamente 116.000, por lo que estas medidas impactan sobre un 15% del padrón, el segmento más golpeado por la inflación y los ajustes acumulados.

Contexto político y financiero

Este giro de Nación a Córdoba representa un cambio de dinámica en la relación entre ambos gobiernos. Durante años, la Provincia reclamó el cumplimiento del acuerdo para financiar el déficit de su caja no transferida. La deuda reconocida por Nación superaría los $40.000 millones, aunque el número final sigue bajo revisión.

El uso dirigido de los fondos enviados por ANSES busca mostrar eficiencia en la gestión y sensibilidad social por parte de la administración Llaryora, al tiempo que sostiene una narrativa de “pelear por Córdoba y obtener resultados”.

Un alivio condicionado

El propio gobernador fue claro al advertir que este refuerzo se mantendrá “mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos”. Es decir, no hay garantía de continuidad en el mediano plazo, y la dependencia de los fondos nacionales permanece latente.

Con un equilibrio delicado entre reclamos institucionales, presión inflacionaria y necesidades sociales, Llaryora refuerza su perfil político con una medida de impacto inmediato y simbólico: hacer que parte de los recursos que antes se debatían en los tribunales, lleguen directamente al bolsillo de los jubilados más vulnerables.