Ya no sorprende. Cada mes que pasa, los números de Córdoba marcan una tendencia que no se repite en ningún otro rincón del país: mientras la inflación nacional comienza a desacelerarse —según datos oficiales rondó el 15% en el primer semestre de 2025—, en nuestra provincia, los aumentos en servicios esenciales superan con creces cualquier lógica económica. Agua, luz, transporte, peajes: todo sube a una velocidad imparable. Y detrás de esa carrera sin freno, aparece un nombre que sintetiza esta voracidad fiscal: el Índice Llaryora.

Permítanme hablar con honestidad: esta no es una discusión técnica ni un debate académico sobre tarifas. Es una conversación urgente, real, sobre la vida de miles de familias cordobesas que ya no llegan a fin de mes, asfixiadas por un modelo de gestión que ha puesto la recaudación por encima de la gente.

En lo que va de 2025, el aumento en la tarifa del agua ha sido del 41%, casi tres veces la inflación acumulada. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es el criterio? ¿Quién piensa en el usuario? Lamentablemente, en Córdoba parece que el único índice que importa es el de los ingresos del Estado, no el de la realidad social.

El problema es estructural. No alcanza con decir que “el país está en crisis”. Aquí hay una decisión política deliberada de sostener un gasto público monumental a cualquier costo, sin revisar prioridades, sin achicar privilegios. Y cuando no alcanza, se recurre a la vía más fácil: subir tarifas, peajes, impuestos y servicios, sin mirar el impacto sobre los bolsillos.

Y lo peor es que los servicios no mejoran. El agua no es más potable ni más eficiente, el transporte no es más cómodo ni más puntual, la luz no es más barata ni más estable. Pagamos más por lo mismo —o incluso por menos—. Somos rehenes fiscales de un sistema que no nos escucha.

¿Y el ERSeP? Ese organismo que nació para defender a los usuarios hoy parece funcionar como una correa de transmisión de las empresas prestatarias. En lugar de fiscalizar con firmeza, acompaña sin cuestionamientos. La mayoría oficialista en su conducción lo ha transformado, de un escudo ciudadano, en un escudo corporativo.

Entonces, me pregunto y le pregunto al gobernador:
¿Cuánto más va a seguir presionando a los trabajadores y a las familias cordobesas con estos impuestos abusivos y distorsivos?
¿Hasta cuándo se puede estirar la soga sin que se corte?

Basta. De verdad, la gente no resiste más.

No podemos naturalizar esta situación. No podemos seguir aceptando que vivir en Córdoba signifique pagar más por todo, sin recibir nada mejor a cambio. Desde nuestro lugar como legisladores, tenemos la responsabilidad de frenar esta lógica y de proponer una alternativa: un modelo que ponga al ciudadano en el centro, que revise el gasto, que controle a las empresas y que respete el esfuerzo de cada familia cordobesa.

Porque gobernar no es recaudar: es administrar con responsabilidad y sensibilidad social. Y eso, lamentablemente, es lo que este gobierno parece haber olvidado.