La Legislatura de Córdoba vivió una jornada de alto voltaje político, donde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se transformó en el inesperado catalizador de un consenso transversal entre peronistas y opositores de diversas vertientes. El punto de unidad fue el repudio casi unánime al Decreto 462/2025 del presidente Javier Milei, que modifica profundamente el funcionamiento del organismo. Sin embargo, bajo esa aparente armonía emergió lo inevitable: el clima electoral que ya caldea el ambiente de cara a las legislativas de octubre.

El texto aprobado por la Unicameral expresa la «preocupación» por el decreto que convierte al INTI en un organismo dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, eliminando su autarquía y provocando el cierre de 22 unidades de extensión en todo el país. En la declaración se advierte que esta medida pone «en riesgo a una institución clave para el desarrollo de la ciencia aplicada», afectando directamente a las pymes y a la producción regional, con impacto concreto en Córdoba.

Un frente común… con matices

Cuatro proyectos confluyeron en el pronunciamiento conjunto: los presentados por Antonio Russo (HUxC), Matías Chamorro (PS), Dante Rossi (UCR – Corriente Alfonsinista) y Luciana Echevarría (FIT-Unidad). Cada uno aportó un matiz ideológico al rechazo, pero coincidieron en una visión crítica al rumbo adoptado por el Ejecutivo nacional en materia de política industrial.

El socialista Chamorro fue categórico: «El INTI es una herramienta clave para la industria cordobesa y la vida diaria. Esta medida es antifederal y traerá muchas consecuencias negativas». Rossi, desde el alfonsinismo, fue más allá al afirmar que el decreto busca «liquidar un instituto de prestigio» en nombre de una motosierra que «ajusta a los trabajadores y achica el Estado».

Russo, con tono sindicalista, describió al INTI como «uno de los pocos organismos que conjuga investigación, servicios tecnológicos y asistencia a pymes», mientras que Echevarría denunció directamente una “disolución virtual” del instituto. «Pierde autonomía, autarquía y federalismo. Deja de existir como lo conocíamos», remarcó.

Críticas cruzadas y pases de factura

La unanimidad institucional se resquebrajó cuando la discusión viró hacia los responsables políticos de haber habilitado el avance del oficialismo libertario. Fue entonces cuando Luciana Echevarría lanzó una advertencia a sus colegas: «No alcanza con rechazar; hay que hacerse cargo de haber votado la Ley Bases».

El más duro fue el kirchnerista Federico Alesandri, que acusó tanto al oficialismo provincial como a Juntos por el Cambio de haber entregado «superpoderes a un loco con una motosierra que odia al Estado». Detrás del micrófono, su discurso encontró eco en Bernardo Knipscheer, pareja de Natalia de la Sota, en una interna peronista que ya palpita las próximas elecciones.

Siciliano vs. Gvozdenovich: la interna, al rojo vivo

En nombre del oficialismo cordobés, Miguel Siciliano subió la temperatura al apuntar contra el radical Rodrigo de Loredo por su cercanía con el Gobierno nacional. «No defendieron ni a la universidad, ni al campo, ni a las pymes. Solo buscan entrar en la lista de Milei», disparó el jefe de bloque, en una clara estrategia de diferenciación con el radicalismo libertarizado.

La respuesta no tardó en llegar. Matías Gvozdenovich, de la UCR, lo acusó de «mentiroso compulsivo» y le devolvió el golpe con crudeza: «Habla de desesperación por entrar a la lista, pero él se convirtió en un hipócrita con tal de encabezar la lista del peronismo. Tranquilo, no creo que el gobernador le dé ese gusto».

El cruce expuso con crudeza una disputa que ya no se oculta: la construcción de candidaturas en medio de una tensión cada vez más visible entre quienes buscan posicionarse como oposición a Milei sin romper con el electorado que lo votó en Córdoba.

Un decreto, múltiples lecturas

Más allá del fuego cruzado, la sesión dejó una clara señal institucional: el rechazo al intento del Gobierno nacional de concentrar decisiones que afectan al desarrollo productivo en provincias como Córdoba. Pero también mostró cómo el INTI fue utilizado como escenario para posicionamientos personales y partidarios, en una Legislatura que ya se mueve en clave electoral.

Mientras los trabajadores del instituto seguían desde las gradas las intervenciones de los legisladores, quedó en evidencia que la preocupación por el futuro del INTI va más allá de un decreto. Se convirtió en símbolo de algo mayor: el dilema entre el achicamiento del Estado y la necesidad de un desarrollo federal equilibrado, con voces cordobesas que, aunque unidas en el rechazo, ya comienzan a jugar su propio partido político.