Nada, absolutamente nada, puede aliviar el desgarrador dolor de una madre que pierde a su hijo. Y menos aún si esa pérdida se da en circunstancias criminales, en un lugar donde la vida debería ser protegida con celo: un hospital. El caso del Neonatal de Córdoba no solo nos enfrenta a un crimen aberrante, sino también a una verdad que durante mucho tiempo se quiso esquivar: el Estado fue responsable.

La Justicia de Córdoba, en un fallo histórico y valiente, lo dejó en claro. En su sentencia, no solo se investigaron los actos individuales, sino que se fue más allá: se identificó y se expuso la responsabilidad institucional del Gobierno provincial y del sistema de salud. Lo que sucedió en el Neonatal no fue un hecho aislado, fue el resultado de una cadena de negligencias, omisiones y silencios que costaron vidas.

No es fácil ponerle nombre a esto. Pero debemos hacerlo. Se llama violencia institucional. Y se ejerció contra las mujeres embarazadas, contra sus bebés, contra las familias que confiaron en un sistema que debía cuidarlos. La Justicia fue contundente: se violaron derechos fundamentales, se vulneró la integridad física, la dignidad humana y el acceso al cuidado médico amparado por nuestra Constitución y los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto.

El fallo no deja lugar a dudas: el sistema de salud provincial es precario, descontrolado y mal gestionado. Se evidenció la falta de controles, la ausencia de idoneidad de los responsables y, sobre todo, la incapacidad institucional para resguardar lo más sagrado: la vida. La sentencia, en palabras claras y firmes, expresa que existen pruebas suficientes para demostrar que, por acción u omisión de sus agentes, el Estado incurrió en prácticas incompatibles con los derechos humanos.

¿Y qué hace el Gobierno mientras tanto? Despide trabajadores de la salud, recorta recursos, ajusta donde no se puede ajustar. En medio de una crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables, los hospitales públicos son refugio y esperanza para miles de cordobeses. Pero esa esperanza se ve debilitada por un Estado que no está a la altura, que no escucha y que sigue poniendo en riesgo a su población.

La salud no puede ni debe ser una variable de ajuste. Es un derecho. Y el fin social del Estado es garantizarlo, no dinamitarlo. En este contexto, la Justicia no solo respondió al reclamo de las familias, también nos obligó a mirar de frente a una verdad incómoda: el Gobierno provincial fue el primer responsable institucional del horror vivido en el Neonatal.

Como legislador, como cordobés, como padre, no puedo ni quiero mirar para otro lado. Este fallo es un paso necesario en el camino hacia la verdad y la reparación. Pero también es una señal de alarma: la salud pública de Córdoba está en riesgo, y con ella, los derechos de todos.

Que la memoria de los bebés fallecidos no se pierda en el olvido. Que su muerte no haya sido en vano. Y que este fallo nos sirva para transformar el dolor en justicia y el abandono en responsabilidad. Porque cuando el Estado falla, no solo decepciona: duele.