La tensión política en Córdoba volvió a escalar esta semana, con un nuevo y explosivo capítulo en la ya desgastada relación entre el oficialismo provincial y el senador nacional Luis Juez. El foco del conflicto esta vez fue la obra pública: el dirigente opositor denunció sobreprecios, favoritismo empresarial y una “mecánica absolutamente corrupta” en la ejecución de los proyectos provinciales. Desde el Gobierno de Martín Llaryora no tardaron en responder, acusando a Juez de encabezar una «campaña sucia» y de hacerle el juego al ajuste nacional de Javier Milei.

El senador, en declaraciones radiales que rápidamente ganaron repercusión, disparó munición gruesa contra la administración provincial. «Están construyendo obras millonarias con una mecánica absolutamente corrupta. Se reparten la torta entre tres o cuatro empresas, en procesos dibujados para simular competencia», aseguró. Y redobló la apuesta: «No se bancan una auditoría real. No hay transparencia ni control».

Las acusaciones encendieron la mecha y provocaron una rápida reacción desde el Panal. En un acto en La Falda, sin nombrar directamente al senador, el gobernador Martín Llaryora salió al cruce con un tono firme y desafiante: “Algunos se creen que cuanto peor, mejor. Pero no les vamos a regalar la estabilidad de Córdoba. Acá se hacen obras, se licitan, se controlan. Y eso molesta a los que nunca hicieron nada”.

Más directo aún fue Facundo Torres, vicepresidente provisorio de la Unicameral y una de las espadas políticas del oficialismo. En redes sociales, acusó a Juez de liderar “una campaña sucia, muy poco seria, que le hace daño a los cordobeses”. Torres no se guardó nada: “Luis Juez siempre encuentra una excusa para cambiar de piel y congraciarse con el poder nacional de turno. Esa es su única coherencia”.

En un mensaje cargado de dureza, el legislador también lo calificó como “cipayo” y lo acusó de ser funcional al gobierno nacional. “Su sumisión al presidente Milei avergüenza. Nunca se lo escuchó reclamar cuando el Gobierno nacional retiene recursos que son de esta provincia. No alzó la voz por el transporte, la salud, la educación o las políticas para personas con discapacidad”, sentenció.

Torres además salió a defender el modelo de obra pública de la provincia, al que Juez había tildado de fraudulento. “Todo se hace conforme a la ley, con licitaciones transparentes y todos los controles que marca la normativa. Y eso lo sabe muy bien Juez: el Tribunal de Cuentas de la Provincia está en manos de la oposición, con mayoría juecista”, recordó.

El cruce ocurre en un momento delicado para las finanzas provinciales, en medio de una creciente tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada por la falta de transferencias y la paralización de obras nacionales. Córdoba, al igual que otras provincias, viene sosteniendo sus proyectos con recursos propios, aunque en un contexto de recesión, inflación y caída de ingresos que vuelve cada vez más compleja esa tarea.

Además, la pelea se da en la previa del receso invernal, con el inicio de las vacaciones en distritos clave como Buenos Aires y CABA, lo que pone a Córdoba —uno de los principales destinos turísticos del país— en el centro de atención, y al gobierno provincial con una necesidad de mostrar gestión y resultados.

Clima preelectoral anticipado

Aunque no hay elecciones en el horizonte inmediato, la disputa expone un clima político crecientemente enrarecido. Juez ya se perfila como uno de los referentes de la oposición con mayor intención de volver a competir por la gobernación en 2027, mientras que Llaryora busca consolidar su imagen como gestor eficaz frente a un escenario nacional de ajuste.

El enfrentamiento también deja expuesta una fractura discursiva: mientras el oficialismo busca diferenciarse de la gestión libertaria de Milei, la oposición, en particular Juez, navega en una ambigüedad que le permite criticar al gobernador pero sin romper definitivamente con el Gobierno nacional. Esa ambigüedad, para el oficialismo, ya no pasa desapercibida: la acusan directamente de complicidad.

La obra pública, que durante años fue emblema del “modelo Córdoba”, se convirtió ahora en terreno de disputa política. Y lo que parecía una simple denuncia de presuntos sobreprecios derivó en una feroz batalla por el relato, la transparencia y la identidad política en medio de un país en crisis.