En un contexto nacional marcado por el avance del crimen organizado y la creciente preocupación por la seguridad pública, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, participó este jueves de la Primera Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior 2025, celebrada en la ciudad de Buenos Aires. El evento, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la secretaria del área, Alejandra Monteoliva, reunió a representantes de todas las provincias y fuerzas federales para debatir lineamientos comunes y coordinar acciones de seguridad en todo el país.

Durante el encuentro, Quinteros puso en valor la implementación en Córdoba del denominado «Plan 90/10», una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad nacional con el objetivo de reducir las tasas de homicidios y desarticular organizaciones criminales a través de operativos conjuntos entre fuerzas federales y provinciales.

“En Córdoba hemos realizado más de 150 operativos conjuntos entre la Policía provincial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. Estas acciones se han desarrollado tanto en la capital como en ciudades clave del interior”, afirmó Quinteros durante su exposición ante el Consejo.

Según los datos expuestos, la provincia de Córdoba logró una disminución del 25% en los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. Mientras que el año pasado se registraron 57 homicidios, este año la cifra se redujo a 43. “Esa reducción es significativa y responde a una planificación coordinada y sostenida en el tiempo”, remarcó el ministro.

Además del eje de homicidios, Quinteros subrayó los avances en la lucha contra el crimen organizado. Destacó la cooperación judicial y el trabajo investigativo en operativos orientados a desarticular bandas delictivas. Entre los logros mencionados, hizo referencia al reciente arresto en Córdoba de los autores del crimen de Zamir Torres, un niño de 4 años asesinado en un ajuste narco en la localidad santafesina de Frontera, ocurrido el pasado 9 de julio.

“Ese caso conmocionó a la opinión pública y actuamos con celeridad en coordinación con la Justicia y fuerzas federales. Refleja la eficacia de un sistema integrado que no mira fronteras provinciales a la hora de actuar contra el narcotráfico”, afirmó Quinteros.

Un acuerdo clave para detectar delitos económicos

Al finalizar la jornada, el ministro cordobés y la ministra Bullrich firmaron un convenio específico de colaboración para fortalecer el Sistema de Alerta Temprana de Contrabando y Falsificación. Se trata de un dispositivo interinstitucional diseñado para detectar y prevenir delitos económicos, en particular el contrabando de mercadería, la falsificación de marcas y productos, y otras infracciones comerciales.

Este sistema, que incluye la participación de organismos de seguridad, aduanas, entes regulatorios y empresas privadas, busca agilizar el intercambio de información sensible en tiempo real para anticiparse a movimientos delictivos y optimizar la capacidad de respuesta de los distintos actores estatales.

Córdoba busca consolidarse como modelo de gestión en seguridad

La presencia de Quinteros en la reunión nacional y su protagonismo en la agenda de seguridad interior evidencian la intención del gobierno cordobés de posicionarse como actor clave en el esquema federal de lucha contra el delito. Córdoba apuesta a mostrarse como una provincia que no sólo reclama recursos al Gobierno nacional, sino que también ofrece resultados concretos, planes operativos y capacidad de coordinación.

A pesar de las críticas que ha recibido su gestión en otros frentes, Quinteros viene consolidando un perfil de alta exposición pública, con una narrativa centrada en la acción, la prevención y la articulación institucional, claves en un país que sigue demandando respuestas urgentes frente a la inseguridad creciente.

Con este nuevo capítulo, Córdoba vuelve a entrar en el radar nacional, no sólo como receptora de políticas, sino como una gestión provincial que busca marcar agenda y exportar modelos de intervención. La firma del convenio con Nación puede ser leída como un gesto de alineamiento institucional, pero también como una estrategia para blindarse políticamente ante las críticas que enfrenta por los episodios de violencia urbana y el avance del narcotráfico en el interior.