Córdoba atraviesa la mitad del año con una Legislatura más preocupada por felicitar que por legislar. Con más de 600 declaraciones aprobadas, apenas 20 leyes vieron la luz. En el medio, peleas estériles, propuestas cajoneadas y un oficialismo que evita deliberar para no arriesgar su frágil mayoría.

La Legislatura de Córdoba cerró su primer semestre de 2025 con un balance tan predecible como decepcionante: de las 12 sesiones ordinarias realizadas entre febrero y junio, el grueso de la actividad parlamentaria estuvo volcado a la aprobación de declaraciones de beneplácito, una herramienta simbólica que se ha convertido en rutina protocolar. En total, se sancionaron 635 reconocimientos, lo que da un promedio de más de 50 por sesión.

Deportistas, artistas, escuelas, eventos culturales y organizaciones civiles fueron objeto de esta andanada de elogios, que no requieren debate ni generan impacto legislativo real. En los pasillos de la Unicameral ya se habla de “el choclo”, una alusión irónica a estas listas largas de beneplácitos que se aprueban al unísono y sin discusión.

Poca ley, mucho decorado

Frente a los centenares de homenajes, el contraste con la producción legislativa de fondo es notorio. En seis meses, solo se aprobaron 20 leyes, un número que —de mantenerse el ritmo— quedará por debajo de las 75 sancionadas en 2024.

Entre las pocas normas de peso se destaca la aprobación de la ley que establece un Procedimiento Penal Juvenil. La normativa permite medidas de «resguardo institucional» para menores de 16 años involucrados en delitos graves. Fue una de las pocas ocasiones en las que oficialismo y oposición alcanzaron un consenso, aunque con disidencias de la izquierda y del peronismo disidente.

Otras leyes sancionadas fueron ampliaciones de radios urbanos —una constante heredada de la gestión Schiaretti— y una adhesión a la emergencia penitenciaria nacional. Pero el Ejecutivo provincial, encabezado por Martín Llaryora, evitó enviar proyectos de fondo: su ajustada mayoría lo obliga a caminar por la cornisa, privilegiando el statu quo antes que abrir debates que podrían tornarse incómodos.

La trampa del reglamento

En un movimiento que generó rechazo opositor, el oficialismo impuso por mayoría cambios en el Reglamento Interno de la Legislatura. Se modificaron aspectos clave como la frecuencia de sesiones, los mecanismos para introducir proyectos sobre tablas y los tiempos de palabra de los legisladores. Desde la oposición se denunció un intento de “censura” impulsado por el gobernador Llaryora para acallar voces críticas.

Más allá de esa modificación reglamentaria, los gestos de diálogo fueron escasos. El bloque de Juntos por el Cambio apenas coincidió con el PJ en una declaración para pedir al Congreso Nacional una ley de financiamiento universitario. También se discutió un proyecto para rechazar las retenciones a las exportaciones de maíz y soja, pero allí la grieta volvió a marcar la votación: mientras el PJ pedía el cese de retenciones, el interbloque opositor fue más allá y exigió la quita total y una reducción impositiva provincial.

La oposición, acorralada

Buena parte de la agenda opositora naufragó entre el reglamento y la mayoría automática del oficialismo. Pedidos de informes sobre la situación de la Apross, la crisis en seguridad, el escándalo de jefes policiales detenidos y reclamos de renuncia contra el ministro Juan Pablo Quinteros no lograron ser tratados. Los proyectos requerían los dos tercios para ingresar sobre tablas, y el PJ se encargó de bloquear cualquier avance.

Tampoco prosperaron iniciativas como la limitación a los horarios de apuestas online, la reforma tributaria propuesta por el Frente Cívico, ni la regulación de la actividad de los «naranjitas», impulsada por Gregorio Hernández Maqueda. Todas quedaron archivadas en comisión.

Protestas sociales en la mira

Uno de los temas que podría escalar en la segunda mitad del año es el debate sobre las protestas sociales. El oficialismo, a través de la legisladora Nadia Fernández, abrió una mesa para discutir la regulación de las manifestaciones callejeras. La propuesta retoma un proyecto del exlegislador Juan Manuel Cid y suma aportes del libertario Agustín Spaccesi y del radical Dante Rossi.

Mientras representantes del comercio y vecinos del Centro avalan la regulación, organizaciones de Derechos Humanos advierten sobre un avance peligroso contra las libertades civiles. Por ahora, el proyecto no tiene prioridad legislativa, pero podría reactivarse hacia fin de año.

Una postal de inacción

El receso invernal de 15 días funciona como una pausa ideal para hacer balance, y los números hablan por sí solos: en Córdoba se legisla poco y se felicita mucho. Con 635 declaraciones y apenas 20 leyes, el Parlamento provincial parece más preocupado por el ceremonial que por los problemas reales de los cordobeses.

La inseguridad, la presión fiscal, la salud mental, la crisis carcelaria y el deterioro de los servicios públicos fueron temas mencionados, pero sin resultados concretos. El oficialismo prefiere no arriesgar su débil mayoría, la oposición choca contra el muro del reglamento, y la ciudadanía queda atrapada en un sistema donde los aplausos valen más que las soluciones.