La política nacional atraviesa una nueva zona de turbulencia, y Córdoba vuelve a ser protagonista en la antesala de una pelea clave que se desatará esta semana –o quizás en agosto– en la Cámara de Diputados. Luego del revés que sufrió el oficialismo en el Senado, la mirada ahora se posa en la Cámara baja, donde los ánimos están caldeados, los teléfonos no paran de sonar y las definiciones se juegan entre el veto presidencial que ya anticipó Javier Milei y el ajedrez de los gobernadores, que tras hacer sentir su peso político, mantienen la expectativa de abrir un canal de negociación.

La media sanción de proyectos sensibles –como la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el impuesto a los combustibles y las leyes vinculadas a jubilaciones y discapacidad– marcó un antes y un después en la relación entre el gobierno libertario y las provincias. Un “hito”, como lo definieron algunos legisladores. Y un golpe que la Casa Rosada no está dispuesta a dejar pasar: Milei ya anunció que vetará todo lo que atente contra su plan de ajuste, incluso al costo de profundizar el conflicto institucional.

Diputados: otra lógica, misma tensión

A diferencia del Senado, donde la oposición logró articular mayorías circunstanciales, la Cámara de Diputados presenta una complejidad mayor. Fragmentación, ausencias, tensiones partidarias y la incertidumbre que genera el calendario político –con vacaciones, conflictos gremiales y el cierre de listas en Buenos Aires– ralentizan la posibilidad de una sesión inmediata.

Sin embargo, en el oficialismo crecen las presiones para evitar cualquier avance legislativo, mientras que desde algunos sectores de la oposición –especialmente los más combativos– se impulsa una sesión para esta semana. Si no hay acuerdo en las próximas horas, todo pasará para agosto. Todo depende del “juego” de los gobernadores, quienes, más allá de su reciente victoria, aún no definen si irán a fondo o si optarán por una estrategia más negociadora.

“Voluntad hay”, reconoció un legislador cordobés en off, aunque advirtió que “sin número no se puede dar pelea en el recinto”. Y esa es la gran incógnita: ¿los mandatarios quieren forzar una derrota parlamentaria al gobierno o simplemente buscan una mejor posición para negociar recursos?

Córdoba toma posición

Desde el peronismo cordobés, Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) salió a defender los proyectos impulsados por los 23 gobernadores: “Son iniciativas que reivindican el sentido federal del reclamo de lo que es plata nuestra y no nos la dan, bajo una práctica unitaria y centralista del gobierno”, declaró. Su compañero de bloque, el pichettista Oscar Agost Carreño, puso el foco en los sectores más vulnerables: “No podemos permitir que la motosierra siga cayendo sobre los jubilados y las personas con discapacidad”.

Ambos diputados coincidieron en que no se trata de romper las cuentas públicas, sino de garantizar un ajuste más justo. “Ahora la pelota vuelve a Diputados”, sostuvo Agost Carreño, dejando la puerta abierta para avanzar si hay voluntad política real desde las provincias.

La diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria) también celebró la media sanción del Senado. “Con estas leyes, los cordobeses volveremos a contar con nuestros propios fondos para arreglar rutas, construir viviendas, desarrollar infraestructura. Se trata de recursos que siempre fueron de las provincias”, sentenció. Y lanzó un mensaje directo a la Casa Rosada: “Milei va a tener que entender que las cuentas tienen que cerrar con las provincias adentro”.

La trinchera libertaria

Del lado libertario, la respuesta fue categórica. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, afirmó que las iniciativas opositoras atentan contra el equilibrio fiscal y que serán vetadas y judicializadas si avanzan en Diputados. “Vamos a defender todo lo que logró el país desde que Milei es presidente”, subrayó, dejando en claro que el veto será el primer recurso y la judicialización, el segundo.

Desde el PRO, Laura Rodríguez Machado se alineó con la defensa del oficialismo. Advirtió que, constitucionalmente, la Cámara de Diputados debe tener la iniciativa en materia de leyes tributarias y criticó que el Senado haya aprobado normas que alteran la lógica original de los ATN. “Las provincias tienen que analizar sus propios gastos para dejar de depender del Estado nacional”, sostuvo, en una línea que apunta directamente a los gobernadores.

¿Negociar o confrontar?

En medio del ruido legislativo, se intensificaron los contactos entre gobernadores, bloques opositores y operadores políticos. Hay pragmáticos que todavía dudan de las intenciones reales de los mandatarios. “¿Querían asustar al gobierno o realmente quieren los fondos?”, se preguntó una fuente con experiencia en la rosca parlamentaria. La preocupación central es garantizar el número para avanzar en Diputados y no quedar expuestos a un papelón legislativo.

Como telón de fondo, un viejo dictamen impulsado por Nicolás Massot y Agost Carreño durante la discusión presupuestaria de 2023 aparece como antecedente de la actual ofensiva de los gobernadores. “Hace un año se lo anticipamos a Francos”, recordó una voz con llegada a las provincias, dejando entrever que el Gobierno nacional ignoró las señales de alerta que ahora se manifiestan con fuerza.

El pulso sigue

La disputa que viene en Diputados será clave para determinar hasta dónde está dispuesto a ceder –o resistir– el gobierno de Javier Milei. El veto ya fue anunciado, pero el frente opositor no se achica. En esta encrucijada, Córdoba vuelve a jugar un papel relevante, con voces firmes que exigen federalismo y justicia distributiva. Y mientras la motosierra sigue en alto, la política afila sus cuchillos para una nueva batalla en el Congreso.

Lo que queda claro es que el pulso entre la Nación y las provincias está lejos de resolverse. Y que, como viene cruzado el tema, todo dependerá de lo que decidan los gobernadores: si pisan el acelerador o si apuestan por el camino de la negociación. En cualquiera de los casos, la tensión promete seguir escalando.