Como representante de los cordobeses, no puedo permanecer en silencio frente al nivel de inseguridad que nos está ahogando día tras día. Los robos, los asaltos, las estafas y todo tipo de delitos se han convertido en una rutina insoportable. Hoy en Córdoba nadie está a salvo. Pero lo más alarmante es que ni siquiera la propia Policía escapa de este colapso en la seguridad pública.

Hace apenas unos días, fuimos testigos de una situación que parece sacada de una tragicomedia. Un vecino fue víctima del robo de su vehículo. Afortunadamente, logró rastrearlo gracias a un dispositivo de geolocalización y llamó —no una, ni dos, sino cinco veces— al 911 hasta que finalmente, tras su insistencia, se recuperó el rodado. Pero lo que vino después desafía toda lógica.

El vehículo, una vez en poder de la Policía y bajo custodia oficial, fue robado por segunda vez. Sí, como lo están leyendo. Fue sustraído estando ya en manos de las fuerzas de seguridad que supuestamente deben resguardar a los ciudadanos y sus bienes. ¿Cómo se explica semejante negligencia? ¿Quién responde por esto? El dueño del auto todavía espera una explicación clara y concreta de lo que ocurrió. Y nosotros también.

Sorprendentemente, en esta oportunidad el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, tan acostumbrado a aparecer en los medios para justificar lo injustificable, decidió llamarse a silencio. Ni una palabra, ni una disculpa pública, ni una propuesta de mejora. Nada.

Este hecho no es aislado. Es el reflejo de una ausencia total de políticas de seguridad efectivas por parte del Gobierno Provincial. Un gobierno que ha perdido el control y que no puede garantizar ni lo básico: que los cordobeses puedan salir de sus casas sin miedo o que un bien recuperado por la Policía no vuelva a ser robado.

Lo que vivimos no es solo una crisis de seguridad, es una crisis de confianza. ¿Qué debería hacer la víctima de un robo cuando ya ni siquiera la Policía puede cuidar lo que recupera? ¿Cómo espera el Gobierno que la ciudadanía confíe en sus instituciones si ni los bienes bajo custodia oficial están a salvo?

Día tras día, se confirma una dolorosa realidad: Córdoba es una de las provincias más inseguras del país. Y lo peor de todo es que esta situación parece no tener freno, porque la máxima autoridad de la seguridad en la provincia, el gobernador Martín Llaryora, ha demostrado una alarmante incapacidad para enfrentar esta emergencia.

Los cordobeses no nos merecemos vivir encerrados, asustados, con la angustia constante de no saber si regresaremos a casa ilesos o si nuestros bienes seguirán siendo nuestros al día siguiente. No merecemos este abandono.

Es urgente replantear la política de seguridad en Córdoba. Es momento de asumir responsabilidades y hacer los cambios que la ciudadanía exige y necesita. No podemos seguir normalizando la inseguridad ni tolerando el silencio oficial frente a hechos tan graves.

La seguridad no es un discurso de campaña: es una obligación del Estado.