Tras un duro revés parlamentario, el Gobierno nacional define su estrategia: sostener el veto, abrir el diálogo con los gobernadores y judicializar si es necesario.

El revés sufrido por el Gobierno de Javier Milei en el Senado no solo evidenció la fragilidad parlamentaria del oficialismo, sino que activó una respuesta inmediata y cuidadosamente diseñada desde la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a marcar el rumbo del Ejecutivo: habrá veto a las leyes previsionales y de discapacidad aprobadas por el Congreso, se intentará sostenerlo con el respaldo de al menos un tercio de cada Cámara, y, si es necesario, se acudirá a la Justicia.

El conflicto gira en torno a una serie de proyectos que, según el oficialismo, amenazan de manera directa el pilar central del plan económico: el superávit fiscal. Las medidas aprobadas —que incluyen la declaración de emergencia en discapacidad, la nueva fórmula previsional y el aumento de fondos a las provincias— colisionan con la política de ajuste del Gobierno, lo que motivó una reacción tajante desde el Ejecutivo.

Francos: veto y estrategia legislativa

“El Gobierno va a vetar”, confirmó Francos sin rodeos, refiriéndose a las leyes que ya fueron convertidas en norma por el Congreso. De todas formas, el ministro coordinador dejó en claro que el veto presidencial no se lanza al vacío: deberá resistir la eventual ratificación del Congreso con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. En ese escenario, el Gobierno apuesta a sostener su posición legislativa sumando voluntades que impidan ese umbral.

“Tenemos que convencer a un tercio del Congreso para que no se ratifiquen las leyes”, explicó Francos, anticipando una ofensiva discursiva orientada a demostrar que los proyectos en cuestión son inviables desde el punto de vista fiscal. La objeción principal —señaló— radica en que no indican cómo se financiarán, lo cual las tornaría inconstitucionales según la Ley de Administración Financiera. El Gobierno también pondrá la lupa sobre el procedimiento parlamentario que dio origen a las leyes, incluyendo la autoconvocatoria de comisiones y sesiones, lo que podría ser impugnado judicialmente.

La relación con los gobernadores: entre tensiones y puentes

Aunque la reacción inicial del presidente Milei ante el resultado en el Senado fue de fuerte confrontación —acusó a los gobernadores de intentar “destruir al Gobierno nacional”—, Francos adoptó un tono más conciliador. “Nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidades de conversar”, dijo, dejando abierta la puerta al diálogo político.

Sin embargo, no evitó las críticas. Aseguró que no todos los mandatarios provinciales actúan con la misma responsabilidad fiscal: “Algunos gastan sin control, otros son más serios”. También atribuyó el renovado reclamo de fondos por parte de las provincias al clima electoral que se avecina, sugiriendo que el pedido de más recursos responde a fines políticos.

El tema de los ATN (Adelantos del Tesoro Nacional), fondo clave en la disputa, marca otro punto de fricción. Los gobernadores insisten en que su distribución sea más automática y equitativa. El Gobierno, en cambio, se niega a ceder ese instrumento, argumentando que está legalmente destinado a emergencias nacionales. Para la Casa Rosada, resignar el control sobre esos recursos sería erosionar su capacidad de maniobra frente a las provincias.

La pulseada por el superávit y el frente judicial

El trasfondo económico de esta batalla legislativa es el superávit fiscal, que Milei exhibe como uno de los principales logros de su gestión. Cada ley que implique más gasto, sin financiamiento claro, representa una amenaza directa a esa bandera.

“Vamos a ir a la Justicia si el veto no prospera”, anticipó Francos. Aunque aseguró que el Gobierno no actuará sin fundamentos, la intención de judicializar los proyectos es firme. Esto podría abrir una nueva etapa de conflicto institucional si el Congreso insiste con las leyes aprobadas.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se vislumbra otro escenario complejo. Francos admitió que allí la correlación de fuerzas podría jugar en contra del oficialismo. Por eso, el Ejecutivo redoblará sus esfuerzos para evitar que se aprueben otras iniciativas que toquen el bolsillo fiscal, como la reforma al Impuesto a los Combustibles o el reparto automático de fondos.

Un equilibrio delicado

La situación pone en evidencia el delicado equilibrio que intenta mantener el Gobierno: por un lado, preservar su programa económico con disciplina fiscal, y por otro, no romper definitivamente con los actores políticos que necesita para sostenerse en el Congreso.

Francos, con su estilo moderado, aparece como el puente posible en medio de las tensiones. Su mensaje intenta calmar las aguas: “El diálogo con los gobernadores sigue abierto”, aunque el tono general del Gobierno siga marcado por la confrontación.

En definitiva, lo que se está jugando no es solo una pulseada legislativa. Es una disputa por el rumbo del país, por el poder de las provincias frente a la Nación, y por la viabilidad de un modelo económico que ha hecho del ajuste una bandera irrenunciable. La política, como siempre, sigue siendo el terreno donde se negocia —y se resiste— el poder real.