El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros otorgó en comodato un destacamento policial a una ONG dirigida por una candidata comunal. La UCR habla de «inmobiliaria para amigos del poder» y pide explicaciones urgentes.

El escándalo vuelve a tocar las puertas del Ministerio de Seguridad provincial. En un nuevo episodio que mezcla política, uso de bienes públicos y favoritismo, el bloque legislativo de la UCR denunció que el ministro Juan Pablo Quinteros cedió, mediante contrato de comodato, un destacamento policial de la localidad de Las Bajadas, en el departamento Calamuchita, a una ONG presidida por una dirigente política local.

La organización beneficiada, llamada “Asociación Civil Espacio Confluir”, está encabezada por Marta Ofelia Acuña, candidata a presidenta comunal por el espacio Unidos por Las Bajadas. La UCR considera que este hecho constituye una “flagrante utilización del patrimonio provincial con fines proselitistas” y ha elevado un pedido de informes solicitando explicaciones al Ejecutivo provincial.

“Esto no es un error, es una acción planificada, ejecutada y firmada como si fuera algo ético, o peor aún, legal”, expresó con dureza el presidente del bloque, Matías Gvozdenovich, al anunciar la presentación formal del reclamo legislativo.

Una “inmobiliaria política” en plena crisis de seguridad

Para el bloque opositor, lo más grave no es solo la cesión del edificio, sino el contexto de inseguridad que atraviesa la provincia, donde –afirman– los recursos deben destinarse al fortalecimiento de las instituciones de protección ciudadana, no al apoyo político a candidatos del oficialismo.

“La provincia no es una inmobiliaria para amigos del poder. No podemos darnos el lujo de tener un ministro que utiliza los bienes públicos como fichas en el tablero electoral de su partido”, señalaron desde el comunicado oficial del bloque radical.

En tiempos donde las estadísticas de delitos aumentan, y donde los recursos policiales escasean en muchas comunas del interior, la cesión de un espacio de seguridad a una organización con fines políticos genera, al menos, un serio interrogante ético y administrativo.

Pedido de renuncia y exigencia de transparencia

La UCR no solo exige informes. Va más allá: pide directamente la renuncia del ministro Quinteros, quien ya ha estado en el centro de la escena por otros hechos polémicos, incluido el reciente escándalo por irregularidades dentro de la Policía Caminera.

“No hay tiempo que perder. Córdoba necesita un ministro dedicado a garantizar la seguridad, no a construir alianzas políticas con recursos públicos”, remata el comunicado opositor.

Este nuevo capítulo vuelve a poner en debate la falta de controles en el uso del patrimonio público, especialmente en ámbitos sensibles como el de la seguridad. El caso también refleja una práctica que se ha vuelto habitual en muchos niveles del poder: el uso de bienes del Estado para favorecer estructuras partidarias o dirigentes afines.

¿Qué se sabe de la ONG “Espacio Confluir”?

Poco se conoce sobre el funcionamiento o los objetivos de esta asociación civil. Según trascendió, su personería jurídica está en regla, pero no habría antecedentes claros de una actividad sostenida o de impacto comprobable en la comunidad de Las Bajadas. El hecho de que sea presidida por una candidata activa del oficialismo local levanta sospechas sobre la verdadera intención detrás del comodato.

Una crisis política en ascenso

El gobernador Martín Llaryora aún no se pronunció sobre el tema, pero desde la oposición anticipan que el pedido de informes irá acompañado por una ofensiva en la Legislatura, donde buscarán sumar apoyos para avanzar en una eventual interpelación al ministro Quinteros.

Mientras tanto, el oficialismo guarda silencio, en medio de una creciente presión pública por la transparencia en la gestión de bienes provinciales. En un clima social cada vez más demandante y crítico, la ciudadanía observa con atención cómo se resuelven estos casos de presunto uso discrecional de lo que es, en definitiva, patrimonio de todos.

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La denuncia del Bloque UCR pone en el centro del debate una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto el poder político puede disponer de recursos estatales sin control ni rendición de cuentas? En una provincia donde la inseguridad golpea cada vez más fuerte, la idea de que se cierren destacamentos policiales para convertirlos en sedes de militancia no solo resulta escandalosa: es un mensaje político que genera alarma.