Tras la detención del jefe de la Caminera, el radicalismo pidió el apartamiento del ministro de Seguridad y del jefe de Policía. De Loredo alertó sobre un deterioro institucional acumulado y una gestión que, según dijo, elige el silencio frente a los hechos más delicados.

La reciente detención de Maximiliano Ochoa, director de la Policía Caminera de Córdoba, por presuntos actos de corrupción, volvió a encender las alarmas en torno al estado de la seguridad provincial. En ese contexto, el bloque de legisladores de la UCR anunció que solicitará el apartamiento del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de Policía, comisario general Héctor Leonardo Gutiérrez. Además, anticiparon que presentarán en la Legislatura un pedido formal de juicio político contra el titular de la cartera.

La conferencia de prensa fue encabezada por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien estuvo acompañado por el presidente del bloque legislativo radical, Matías Gvozdenovich, y el titular del Comité Provincia, Marcos Ferrer.

“La justicia descubre lo que la política oculta”, expresó De Loredo al referirse a las recientes investigaciones judiciales que involucran a distintas áreas de la fuerza de seguridad.

Un entramado que se extiende

Para la oposición, los casos que han salido a la luz en los últimos años dentro de la estructura policial no son hechos aislados. De Loredo apuntó a una “corrupción estructural” que, según su visión, se fue consolidando a lo largo de más de dos décadas de gobiernos peronistas.

“Hoy vemos comprometidas a áreas sensibles: la subjefatura de la Policía, el Servicio Penitenciario, la Dirección de Bomberos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, y ahora también la Policía Caminera”, enumeró el diputado.

En ese sentido, sostuvo que se podrían analizar alternativas como una intervención temporal de la fuerza policial con mandos desvinculados de los hechos investigados, hasta tanto se restablezca la normalidad institucional.

Un reclamo persistente y transversal

Gvozdenovich, en tanto, remarcó que el pedido de apartamiento de Quinteros no es nuevo:

“Hace tiempo venimos dialogando con otras fuerzas políticas dentro de la Legislatura, advirtiendo que la conducción de la seguridad provincial requiere otro tipo de decisiones”.

Por su parte, Marcos Ferrer reforzó la idea de que los problemas de fondo trascienden a los funcionarios:

“El ministro, en este contexto, es casi una anécdota. La crisis de confianza en las fuerzas es lo más preocupante. La gente ya no cree en los de azul, y eso exige respuestas institucionales más amplias”, sostuvo.

Silencios que generan ruido

Uno de los puntos que más cuestionó la UCR fue la falta de pronunciamiento claro por parte del gobernador Martín Llaryora. Para De Loredo, el silencio oficial frente a los episodios más delicados no solo genera desconcierto, sino que agrava la percepción de descontrol:

“Ya no alcanza con buscar responsabilidades en gestiones anteriores. Esta administración designó a Ochoa y a Mercado, el subjefe de Policía. Hay responsabilidades que deben ser asumidas”, señaló.

Además, criticó lo que consideró un exceso de “puesta en escena” de algunos funcionarios que buscan aparecer junto a fiscales y jueces cuando los casos ya están avanzados.

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El reclamo del radicalismo marca un nuevo momento de tensión política en la provincia, en un área especialmente sensible para la ciudadanía. Sin caer en golpes de efecto, los referentes opositores instalan una discusión que pone el foco en la calidad institucional, la transparencia de las fuerzas de seguridad y la necesidad de decisiones políticas más firmes ante situaciones que, a medida que se acumulan, comprometen la credibilidad de las estructuras públicas.

Por ahora, el Gobierno provincial evita confrontar y mantiene el respaldo al ministro. Sin embargo, el tema ya trascendió el ámbito judicial y comienza a instalarse con fuerza en la agenda legislativa.