Tras la detención del jefe de la Policía Caminera, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió su continuidad y aseguró que el respaldo de Llaryora es total. La causa investiga una red de corrupción integrada por comisarios y abogados.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió por primera vez al nuevo escándalo que sacude a la Policía provincial, tras la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, y otros seis implicados en una causa por asociación ilícita, extorsión y uso ilegítimo de información confidencial. En una entrevista, Quinteros afirmó con firmeza: “Jamás se me cruzó renunciar. El gobernador me dijo ‘andá a fondo’”, en respuesta a los pedidos de renuncia formulados por sectores de la oposición.

Una red de corrupción institucional

El caso, que impacta de lleno en la cúpula de la fuerza, involucra no solo a jefes policiales, sino también a abogados –algunos con rango policial– y un civil. De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal Guillermo González, los imputados integraban una organización delictiva que utilizaba el acceso a bases de datos reservadas de la Policía de Córdoba para cometer estafas, ejercer coacciones y negociar favores ilegítimos.

Entre los detenidos figura el propio Ochoa Roldán, quien habría sido el líder de la red, junto a su hermano abogado, Gastón Miguel Ochoa Roldán, y otros comisarios también con título de abogado. El fiscal detalló que la red operaba “desde hace mucho tiempo” y advirtió que podría haber nuevas detenciones, ya que los allanamientos realizados habrían aportado “numerosa evidencia contundente”.

Los siete detenidos hasta ahora son:

• Crio. Gral. Ab. Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera.
• Crio. Insp. Ab. Leonardo Javier Torres, Dirección de Asesoría Letrada.
• Crio. Insp. Ab. Martín Darío Heredia, Policía Caminera.
• Crio. Insp. Jorge Gutiérrez, Dirección de Custodias y Protección.
• Suboficial Ppal. Dante Gabriel Villalba, chofer en Jefatura de Policía.
• Ab. Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano de Maximiliano.
• Gabriel Élido Burkhard, civil.

Quinteros: “Queremos una policía transparente”

Consultado sobre la posibilidad de que existieran fallas de control dentro del Ministerio de Seguridad, Quinteros aseguró que “no había forma de conocer estos hechos”, aunque evitó profundizar sobre los detalles del expediente en curso. Sin embargo, destacó que su gestión trabaja en un proceso de depuración institucional: “Entendemos que las fuerzas de seguridad, no solo en Córdoba sino en toda la Argentina, necesitan someterse a una depuración muy fuerte. Lo que estamos haciendo es justamente eso”.

El ministro reivindicó la línea trazada por el gobernador Martín Llaryora al asumir, con el objetivo de sanear a la fuerza policial. “Queremos una policía transparente. En todos lados existe la corrupción, pero lo importante es no mirar para otro lado. Eso es lo que no vamos a hacer”, remarcó.

Impacto político y desafíos internos

El nuevo escándalo representa un golpe al discurso oficial de transparencia que Quinteros y Llaryora intentan consolidar desde el inicio de la gestión. La detención de jefes con rango de comisarios generales y su relación con maniobras delictivas de larga data reavivó las críticas opositoras y los cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno del Ministerio de Seguridad.

No obstante, Quinteros se mostró decidido a continuar en su cargo y redoblar los esfuerzos: “El gobernador me pidió que no afloje. Y eso haré. Vamos a llegar hasta el fondo de esta investigación”, reiteró.

Por ahora, el Gobierno apuesta a mostrar reacción política, coordinación con la Justicia y compromiso con una fuerza policial que arrastra serias sospechas desde hace años. La profundidad de la causa –que recién comienza a destaparse– pondrá a prueba no solo a la Justicia provincial, sino también a la capacidad del oficialismo de contener el daño institucional sin romperse desde adentro.