Este lunes, las universidades públicas de Córdoba se plantan con firmeza frente a la clase política: quieren respuestas concretas, no discursos. En un escenario que refleja la gravedad del momento que atraviesa el sistema educativo superior en la Argentina, ocho universidades públicas de la provincia se reunirán hoy con diputados y senadores nacionales en la sede del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el objetivo de exigir el tratamiento inmediato del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.

Del encuentro participarán autoridades de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Río Tercero (en formación), de las tres sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN: Córdoba, San Francisco y Villa María) y de la Universidad Provincial de Córdoba. También estarán presentes representantes de los gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), lo que marca un respaldo unánime del sistema universitario local.

Un reclamo que va más allá del presupuesto

El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que las universidades reclaman tratar con urgencia, prevé un incremento progresivo de la inversión pública en educación superior: del actual 1% del PBI al 1,5% en 2031. Esta meta, que parece ambiciosa pero urgente, llega en un momento en que las universidades denuncian una asfixia presupuestaria.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la educación superior está “en situación crítica” desde que el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023, el mismo que fue votado en 2022. “Las universidades no pueden seguir funcionando con partidas congeladas mientras los costos se disparan. Estamos ante un riesgo real de desfinanciamiento”, aseguran desde el CIN.

Legisladores: presencias, ausencias y excusas

Aunque se cursaron invitaciones a los 21 diputados por Córdoba y a los senadores nacionales, no todos confirmaron su asistencia. Desde la oficina de Protocolo de la UNC aseguraron que las invitaciones fueron enviadas a los correos oficiales, aunque algunos legisladores sostienen que nunca las recibieron.

Entre quienes sí estarán presentes se destacan legisladores del radicalismo como Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning, además de los diputados de Unión por la Patria Pablo Carro y Gabriela Estévez. Del sector cordobesista, comprometieron su presencia Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca.

Un caso especial es el del diputado Luis Picat, radical alineado con La Libertad Avanza, quien anticipó que participará del encuentro y que está dispuesto a acompañar “cualquier proyecto razonable”. Su declaración deja entrever que en algunos sectores aliados al oficialismo nacional hay espacio para la negociación.

Por el contrario, ya confirmaron su ausencia legisladores como Héctor Baldassi (PRO), Alejandra Torres (HxC), Cecilia Ibáñez (MID), Gabriel Bornoroni y María Celeste Ponce (ambos de La Libertad Avanza), quienes alegaron compromisos de agenda. En tanto, el radical Rodrigo de Loredo y el senador Luis Juez manifestaron su intención de participar, aunque al cierre de esta edición no habían confirmado asistencia.

Una señal política desde las aulas

Esta convocatoria representa mucho más que una reunión protocolar: es una clara señal de advertencia desde el sistema universitario hacia el Congreso. Las casas de estudio, que ya demostraron su capacidad de movilización en abril con la histórica marcha federal universitaria, ahora buscan incidir directamente en la agenda legislativa.

El mensaje es claro: si el Congreso no trata con seriedad el financiamiento de la educación superior, estará hipotecando el futuro del país. La comunidad universitaria cordobesa espera hoy un compromiso real de sus representantes en el Parlamento. Y no está dispuesta a aceptar más dilaciones.