En el interior del recinto legislativo de Córdoba, el clima se vuelve cada vez más irrespirable. A menos de un mes del receso invernal, las sesiones de la Unicameral se han transformado en un escenario de choques permanentes entre la oposición —particularmente el sector radical alineado con Rodrigo de Loredo— y el oficialismo llaryorista. Cuestiones de privilegio, acusaciones de maltrato institucional, amenazas de apartamientos y denuncias cruzadas por causas judiciales encendieron la mecha de una disputa que pone a la Legislatura al borde de un estallido político.

El inicio de un nuevo conflicto

Todo comenzó con un episodio de fuerte tensión en el recinto cuando la legisladora Alejandra Ferrero (UCR) presentó una cuestión de privilegio contra la vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández, por lo que calificó como un «destrato» hacia su compañero de bancada, Miguel Nicolás. El reclamo fue contundente: acusó a Fernández de descalificar públicamente al legislador, tildándolo de “machirulo” y “disciplinador”, cuando simplemente había expresado su disenso en una discusión parlamentaria.

“El agravio no fue solo a Nicolás, fue a la representación opositora”, señaló Ferrero, quien además cuestionó que Fernández promoviera su exclusión de la Labor Parlamentaria. “Se combatió al género al excluirme”, denunció en una intervención que encendió la polémica. Si bien su moción no alcanzó los dos tercios necesarios, el tema fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde ya se acumulan —y duermen— varias iniciativas similares.

La figura de Prunotto, en el centro de las críticas

La otra apuntada por el radicalismo fue la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto. El sector deloredista la acusa de conducir la Cámara con “arbitrariedad” y de favorecer sistemáticamente al bloque oficialista. “Cercena la palabra a la oposición”, lanzó el legislador Nicolás en la penúltima sesión, al presentar una cuestión de privilegio que se suma a otras ya cajoneadas. Rodrigo Agrelo, del vecinalismo, también denunció situaciones similares: “Prunotto tiene su propio reglamento, pero solo lo aplica con los opositores”.

Desde el entorno de la vicegobernadora la defensa fue escueta pero firme: “Ella se limita estrictamente a lo que establece el reglamento”. Sin embargo, en el bloque de Llaryora aseguran que la oposición está utilizando las sesiones como un escenario de provocación mediática. “Quieren montar un circo”, afirman.

El contraataque oficialista

El fuego cruzado no tardó en recibir respuesta del oficialismo. Aunque sin hacerlo público todavía, desde el PJ deslizan la posibilidad de impulsar los apartamientos de dos legisladores opositores que hoy enfrentan causas judiciales: Carlos Briner (UCR) y Gloria Pereyra (Frente Cívico).

El exintendente de Bell Ville está imputado por homicidio culposo a raíz de un accidente vial fatal, mientras que Pereyra, cuando era intendenta de Villa Dolores, fue imputada por la muerte de dos operarios en una obra de desagüe. “Ellos piden expulsiones y juicios políticos cuando se trata de los nuestros, pero callan cuando los imputados son propios”, retrucó un legislador del PJ. “Fingen demencia”, arremetió otro.

A los ojos del oficialismo, estos casos ameritan aplicar el reglamento para que ambos sean apartados de sus bancas “hasta que se resuelva su situación judicial”. Desde la oposición minimizan el impacto de las imputaciones. “No son procesamientos, no hay condenas”, advirtieron.

El regreso de Briner y lo que viene

Pese a la tensión, Carlos Briner ya confirmó su regreso al recinto para la sesión del próximo 2 de julio, la última antes del receso invernal. Un retorno que puede reactivar el malestar y empujar la confrontación un peldaño más arriba. Por ahora, las amenazas de apartamiento se mantienen encapsuladas, pero la posibilidad de que se activen está latente.

Una vez superadas las vacaciones de invierno, la rosca legislativa volverá a estar en el centro de la escena. El debate por la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024 promete más capítulos de confrontación. Mientras el PJ buscará ralentizar su tratamiento, el radicalismo deloredista y el juecismo ya anticiparon un rechazo rotundo. “No vamos a convalidar desmanejos del Ejecutivo”, advirtieron.

Una Legislatura que ya no discute Córdoba

“En esta Cámara ya no se resuelven los problemas de los cordobeses, ni siquiera se discuten”, lamentó Ferrero en medio del escándalo. La frase ilustra el descontento generalizado y la sensación de parálisis institucional que atraviesa la Unicameral.

Entre acusaciones de censura, arbitrariedades, causas judiciales y amenazas encubiertas, la política cordobesa entra en un terreno cada vez más pantanoso. A poco más de un año de las elecciones legislativas nacionales y con las alianzas aún en gestación, la batalla en la Legislatura es un reflejo del ajedrez político que se disputa en la provincia. El receso invernal traerá una tregua momentánea. Pero a la vuelta, todo indica que el conflicto no solo continuará, sino que puede escalar aún más. Y con él, también el riesgo de que estalle —finalmente— la rosca legislativa.