Han pasado ya siete meses desde que la Lotería de Córdoba llamó a licitación para concesionar el sistema de casinos y tragamonedas en la provincia a partir del año 2027. Siete meses. Y sin embargo, no sabemos absolutamente nada. Ni una respuesta. Ni un comunicado. Ni una explicación. Solo un silencio institucional tan espeso como preocupante.

Me pregunto, como legislador y como ciudadano: ¿qué está pasando en la Lotería de Córdoba?
¿Quién está operando detrás de esta licitación que debió resolverse en febrero —según la propia urgencia que manifestaron las autoridades de la Lotería— y hoy permanece absolutamente paralizada, sin respuesta pública ni informes internos?

La responsabilidad recae en una conducción que ha demostrado desmanejo, opacidad e incluso ineptitud. Me refiero específicamente a David Urreta, presidente de la institución; su esposa, la auditora contadora Gisela Veritier; Lorena Nicola; y Pablo Conrero, todos ellos directores que, en lugar de gestionar con responsabilidad, se han enmudecido ante una situación gravísima.

Desde nuestro Bloque en la Legislatura de Córdoba hemos presentado múltiples pedidos de informes, exigiendo claridad sobre los procesos, los pliegos, los criterios de adjudicación y los intereses detrás de esta licitación millonaria. Todos esos pedidos fueron sistemáticamente ignorados.

Hoy no nos queda otra salida que acudir a la Justicia, como ya lo hiciera un medio periodístico de Córdoba que logró sacar a la luz irregularidades en otra área del Estado. No nos cabe duda de que en la Lotería sucederá lo mismo: la verdad saldrá a la luz, y será escandalosa.

¿Por qué insisten en avanzar con una transformación de la Lotería de Córdoba en una Sociedad Anónima? ¿Para qué? ¿Para sacar al organismo del sistema de control estatal y permitir que se maneje como una empresa privada? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta maniobra?

La ciudadanía merece saber quiénes buscan enriquecerse a costa del juego en Córdoba, un rubro extremadamente sensible que, por definición, debe estar regido por los más altos estándares de transparencia y responsabilidad.

Y aquí me detengo en el actor principal que aún no ha tomado cartas en el asunto: el gobernador Martín Llaryora.
Señor Gobernador, si no hay voluntad de frenar esta licitación y rediseñarla bajo principios claros y controlados, la ciudadanía no tendrá más remedio que pensar que usted es cómplice por acción u omisión.

Ya no se trata solamente de irregularidades administrativas. Se trata de un posible intento de saqueo institucional, un proceso oscuro que pone en riesgo el prestigio, la solvencia y el futuro mismo de una de las instituciones más importantes de nuestra provincia.

Desde nuestro bloque seguiremos insistiendo, interpelando y judicializando si es necesario. Porque no vamos a permitir que los recursos públicos ni los intereses ciudadanos queden atrapados en redes de silencio, favores y negocios para pocos.

La transparencia no es una opción. Es una obligación.