Como legislador provincial, me siento en la obligación de expresar lo que en la Legislatura de Córdoba se evita discutir: el fenomenal negocio que representa para algunos pocos la recaudación de impuestos en nuestra provincia. El gobernador Martín Llaryora y su bloque oficialista blindan con celo cualquier intento de poner sobre la mesa el debate sobre Servicios y Consultoría S.A., la empresa que hasta hace poco conocíamos como Kolektor.

No se trata de una sospecha aislada ni de una teoría conspirativa: los números son claros y están expuestos en el informe oficial de la cuenta de inversión. Durante el 2024, esta empresa recaudadora se llevó nada menos que 93.758 millones de pesos por su servicio de cobranza de impuestos provinciales. Si llevamos esa cifra al día a día, hablamos de más de 260 millones de pesos diarios pagados por los cordobeses para sostener a esta firma privada, que actúa como si fuese una oficina pública más, pero con fines exclusivamente lucrativos.

Y esto no termina ahí. Con el aumento de más del 150% en los tributos provinciales durante este año, la ganancia de la ex Kolektor no hace más que dispararse. Las estimaciones indican que en el transcurso de 2025 podrían superar los 500 millones de pesos diarios, solo por gestionar la recaudación de impuestos. ¿Quién controla esa cifra? ¿Quién rinde cuentas por semejante desangre de recursos públicos?

Lo que inquieta no es solo el monto escandaloso que percibe esta empresa, sino también el silencio deliberado que rodea a su accionar. No hay debate. No hay control. No hay explicaciones. El oficialismo se niega sistemáticamente a habilitar el tratamiento legislativo de este tema. Se protege una estructura que, más que una herramienta administrativa, parece una sociedad garantizada con el poder.

Detrás de esta empresa está el nombre de Hermann Karsten, vinculado históricamente a Kolektor y mencionado en diversas oportunidades en investigaciones y denuncias que rozan la corrupción. ¿Por qué nadie se anima a hablar de esto? ¿Por qué no podemos discutir en el recinto el rol que cumple este “socio oculto” del Estado provincial?

Es evidente que hay temas que incomodan. Que cuando se tocan los intereses económicos de los verdaderos beneficiarios de este modelo recaudador, las puertas del diálogo institucional se cierran. Lo que debería ser una discusión pública, transparente y responsable sobre el uso de los recursos de todos los cordobeses, se convierte en un tabú que protege a unos pocos privilegiados.

Desde nuestro bloque de la UCR, seguiremos insistiendo con el debate. Porque es inaceptable que millones de cordobeses paguen cifras récord en impuestos, mientras se beneficia a una empresa cuyo único mérito es haber sabido ubicarse cerca del poder. Queremos una provincia justa, donde cada peso del contribuyente se use para mejorar su vida, no para engrosar cuentas privadas en silencio.

¿A quién incomoda tanto esta verdad? ¿Y por qué? Las respuestas, tarde o temprano, tendrán que llegar.