En un contundente llamado a la acción, el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto que pone en evidencia una situación alarmante: la falta de condiciones mínimas de accesibilidad en la propia sede de la Legislatura de Córdoba. La iniciativa, encabezada por la legisladora Inés Contrera, propone una serie de adecuaciones edilicias que eliminen las barreras físicas que hoy impiden el acceso igualitario a legisladores, empleados y ciudadanos con discapacidad.

El proyecto exige la implementación de ajustes razonables conforme al principio del diseño universal, una perspectiva reconocida por normativas nacionales e internacionales que apunta a garantizar que todos los espacios públicos estén pensados para ser utilizados por cualquier persona, sin importar sus capacidades físicas. En palabras del bloque radical, el objetivo es claro: “lograr una inclusión real”.

Un reclamo que interpela a la propia “casa de las leyes”

Lo paradójico de la situación es que el edificio donde se elaboran las leyes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, no las cumple. Desde el bloque, expresaron que esto resulta “mínimamente llamativo” y profundamente contradictorio con el espíritu democrático y republicano que debe guiar la función pública.

La iniciativa surge del trabajo constante de la Comisión de Discapacidad, presidida por el legislador Walter Carignano, y fue presentada como parte de una agenda legislativa que busca visibilizar y revertir la invisibilización estructural de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del Estado.

Rampas inexistentes y ascensores que no funcionan

El reclamo no es solo simbólico. Las condiciones edilicias actuales de la Legislatura provincial presentan múltiples obstáculos: rampas de acceso que no existen, ascensores en condiciones precarias y la ausencia total de señalética adaptada son solo algunos ejemplos que exponen una grave falta de planificación inclusiva.

Esta situación, según afirmaron desde el bloque, afecta no solo a quienes ejercen funciones como legisladores, sino también a empleados administrativos y a los ciudadanos que asisten a las sesiones o desean participar de la vida democrática provincial.

Accesibilidad: un derecho humano básico

“El acceso a los edificios públicos no es un privilegio, es un derecho humano”, afirmaron con contundencia desde el radicalismo. El proyecto presentado se fundamenta en la normativa vigente, como la ley provincial N.º 10.728 conocida como “Córdoba Inclusiva”, que obliga a los organismos del Estado a garantizar accesibilidad total y efectiva.

Desde la UCR, señalaron que esta omisión debe ser subsanada de manera urgente, y remarcaron que “no puede haber convivencia democrática real si hay ciudadanos que no pueden acceder en igualdad de condiciones al recinto donde se debaten las políticas públicas”.

Un compromiso con la equidad

“El compromiso de este bloque es con la equidad y la convivencia democrática”, concluye el comunicado difundido por la oficina de prensa radical. La presentación del proyecto es también una interpelación directa al oficialismo: ¿cómo puede exigirse al conjunto de la sociedad el cumplimiento de las leyes si el propio poder legislativo no las respeta?

Con este paso, la Unión Cívica Radical busca instalar en la agenda legislativa la urgente necesidad de construir una Legislatura verdaderamente inclusiva, donde el principio de igualdad no sea una consigna vacía, sino una realidad palpable para todos los cordobeses.