La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó una condena clave en una causa por corrupción, fue interpretada por amplios sectores institucionales y políticos como un punto de inflexión. Se trata de un fallo que pone fin a una de las etapas más oscuras de la historia reciente del país en materia de corrupción, enviando una señal clara sobre la vigencia del Estado de derecho y la necesidad de que los delitos cometidos desde el poder no queden impunes.
En este contexto, el bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura de Córdoba intentó llevar el tema al recinto con el objetivo de dar “un mensaje claro e inequívoco” contra la corrupción, definida por los legisladores radicales como “un delito blanco que deja víctimas invisibles y que rara vez encuentra justicia”. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el oficialismo provincial, lo que generó fuertes críticas.
El legislador Miguel Nicolás, a través de su cuenta en la red social X, expresó su indignación frente al silencio del gobernador Martín Llaryora:
“Martin Llaryora aturde con su silencio frente a problemas graves de su dirigencia. No se hace cargo de CFK, la Conductora del Consejo Nacional de su Partido. Frente a tamaño desorden por la ratificación de condena, se siente inmune. Formalmente marcha en defensa de lo indefendible!!!!”.
Desde el bloque radical, la situación fue leída como una muestra clara del alineamiento del oficialismo cordobés con el kirchnerismo, lo cual genera preocupación no solo por el trasfondo político, sino por las implicancias institucionales.
“El cordobesismo, aliado del kirchnerismo, no quiso dar el debate”, señalaron desde el bloque, remarcando la gravedad de negar el tratamiento legislativo de un tema tan sensible para la ciudadanía.
Además, se hizo un llamado a reforzar la independencia de los poderes del Estado y la calidad institucional. “Nuestra provincia debe alejarse de los partidismos y dar un mensaje contundente contra la corrupción, a favor de la división de poderes y de la independencia de los mismos, para que se garantice el normal desarrollo de la vida democrática”, concluyeron.
La UCR reafirmó su compromiso histórico con la transparencia y la legalidad:
“Trabajaremos, desde nuestras bancas, para que el gobierno de la provincia así también lo haga”.
El episodio revela una vez más la tensión entre el oficialismo provincial y la oposición en torno a los valores republicanos, y deja al descubierto las contradicciones de quienes, al alinearse con sectores fuertemente cuestionados por corrupción, eligen el silencio como estrategia. En tiempos de descrédito institucional, el mensaje debe ser claro: no hay lugar para la impunidad.
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