El convenio entre Córdoba y la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones será aprobado con holgura, pero el debate en la Unicameral estará atravesado por reproches cruzados, internas y fuego político.

El próximo miércoles, la Legislatura unicameral de Córdoba aprobará sin sobresaltos el Convenio de Financiamiento firmado entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones provincial. Sin embargo, la sesión no será un simple trámite legislativo. Pese al respaldo de Juntos por el Cambio, el recinto será escenario de fuertes cruces políticos entre oficialismo y oposición, con la UCR lanzando duras críticas a Llaryora y el PJ redoblando ataques contra el radical Rodrigo de Loredo.
El acuerdo, rubricado el pasado 14 de mayo, establece que la Nación transferirá a Córdoba $60 mil millones en doce cuotas mensuales de $5 mil millones, entre mayo de 2025 y abril de 2026, como anticipo por el déficit previsional de 2025. Además, la Anses se compromete a auditar los ejercicios 2017-2024 para calcular cuánto le corresponde a la provincia en concepto de fondos no transferidos.
Aunque el interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su apoyo al convenio –en contraste con lo ocurrido con las retenciones al agro–, su respaldo vino acompañado de condiciones políticas y cuestionamientos. Desde la UCR, Oscar Saliba marcó la cancha con cuatro demandas claras: que los fondos vayan directamente a la Caja de Jubilaciones y no a rentas generales; que se elimine el diferimiento en los pagos a jubilados; que se derogue el artículo 58 –que implica un descuento del 20% a quienes perciben jubilación y pensión–; y que se revise el mecanismo de intereses que la Caja le cobra a la Provincia por cubrir el déficit previsional.
“La plata tiene que ir a los jubilados, no puede usarse para otras cosas”, sentenció Saliba, quien también cuestionó el “interés usurario” que –según dijo– pasó de $36.000 millones a $250.000 millones en los últimos años. “No queremos que esto quede en un gesto de ocasión. Hay que atender todos los reclamos de los jubilados”, advirtió el legislador radical.
En sintonía con la UCR, el juecismo también acompañará el convenio, pero con exigencias. Walter Nostrala, la voz más combativa del Frente Cívico, lanzó: “Esperamos que Llaryora no se quede en el amague. Si entran estos fondos, hay que eliminar el diferimiento y el aporte extra del 4% aprobado en diciembre para policías, docentes y personal de salud”. La bancada juecista adelantó que presentará un proyecto para canalizar esos cambios en los próximos días.
Choque de trenes: el PJ apunta a De Loredo
La tensión no solo se centró en el contenido del convenio, sino en la figura de Rodrigo de Loredo, líder del bloque UCR en Diputados y principal referente opositor en Córdoba. El oficialismo, con Miguel Siciliano a la cabeza, lo acusó de cinismo y de actuar con “doble vara”.
“La misma oposición que hoy se preocupa por los jubilados es la que no dio quórum para aumentarles las jubilaciones y el bono. De Loredo solo piensa en él, en su cargo. Se arrodilla ante Milei mientras nosotros defendemos a Córdoba”, disparó Siciliano, endureciendo la retórica.
Además, el funcionario criticó con dureza la interna radical, acusando al partido de “tirar a los jubilados por la borda” para ganar espacios en las listas nacionales. “Es lamentable ver a un partido centenario así”, dijo, en alusión directa a las pujas internas en la UCR cordobesa frente al fenómeno Milei.
Una sesión con destino sellado, pero con alto voltaje
Pese a los cruces discursivos y las marcadas diferencias, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar el convenio. El respaldo de la UCR y del juecismo garantiza la ratificación del acuerdo sin sobresaltos numéricos, pero en un contexto de alta tensión política.
En paralelo, el interbloque opositor ya prepara nuevas ofensivas: además de un proyecto para canalizar los fondos a la Caja, se anticipan críticas en torno a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024. De hecho, el Tribunal de Cuentas, con mayoría juecista, ya expresó su rechazo al manejo de fondos provinciales, anticipando una nueva batalla legislativa.
El convenio por la deuda previsional entre Córdoba y Nación avanza, pero no sin generar sacudones políticos. La sesión del miércoles será una postal de la nueva dinámica en la política cordobesa: oposición fragmentada pero combativa, un oficialismo que busca blindar su gestión, y un telón de fondo nacional que atraviesa todos los debates. En el centro, como siempre, los jubilados, convertidos una vez más en eje de disputa política.
