Esta semana, el gobernador Martín Llaryora convocó a una Sesión Especial en la Legislatura de Córdoba con un objetivo claro: rechazar la suba de las retenciones al campo dispuesta por el Gobierno Nacional. A primera vista, la convocatoria puede parecer un gesto de defensa hacia nuestro sector agropecuario. Pero detrás de esa puesta en escena hay algo mucho más profundo y preocupante: una evidente muestra de hipocresía política.

Como legislador radical, no puedo dejar pasar por alto esta doble vara del oficialismo. Durante meses –incluso años– venimos solicitando Sesiones Especiales para tratar temas urgentes que afectan de forma directa y cotidiana a los cordobeses: seguridad, salud, educación, jubilaciones, la situación de Apross… Y sin embargo, nuestras solicitudes fueron sistemáticamente ignoradas. ¿Dónde estaba entonces la voluntad política del gobernador?

Resulta llamativo que ahora sí haya premura para sesionar, pero sólo cuando se trata de una cuestión que le permite al oficialismo victimizarse frente al Gobierno Nacional y subirse a una ola mediática. Desde el radicalismo hemos sostenido siempre nuestra postura contra las retenciones. No necesitamos sobreactuar nuestro compromiso con el campo. Sabemos que Córdoba tiene una identidad agroexportadora, y eso nos obliga a defenderla con seriedad, no con espectáculos.

Lo que sí es preocupante, y merece la misma o más atención que las retenciones, es la situación fiscal que atraviesa nuestra provincia. En estos últimos meses, el gobernador Llaryora impuso un verdadero impuestazo. Aumentó el agua, la luz, el transporte y hasta los peajes. En algunos casos, los incrementos superaron el 500%. Hoy, Córdoba tiene una de las presiones fiscales más altas del país, y eso es una carga que sienten todos: el productor, el comerciante, el profesional, el vecino de a pie.

Entonces, ¿de qué se trata realmente esta Sesión Especial? ¿De defender al campo o de instalar un relato? Porque, si de coherencia se trata, Llaryora debería empezar por revisar sus propias decisiones en lugar de pedirle a la Nación lo que no está dispuesto a garantizar en Córdoba.

No se puede condenar las retenciones mientras se esquilma al contribuyente cordobés con tarifazos impagables. No se puede hablar de federalismo cuando se gobierna con una mirada centralista que ignora los reclamos más urgentes de las regiones. Y no se puede hablar de diálogo cuando se niega el debate en temas clave para la calidad de vida de nuestra gente.

Esa es la verdadera hipocresía del modelo cordobés que Llaryora pretende exportar al país: un modelo que prioriza la conveniencia política por sobre las necesidades reales de los cordobeses. Desde nuestro lugar en la Legislatura, seguiremos insistiendo para que se aborden los problemas estructurales que el oficialismo no quiere discutir. Porque defender a Córdoba no es hacer marketing: es hacerse cargo.