Desde que Martín Llaryora asumió la gobernación de Córdoba, el servicio de transporte interurbano ha tenido un aumento de más del 500%. Sí, leyó bien: más del 500%. ¿Quién puede resistir semejante ajuste sin que su calidad de vida se vea seriamente afectada? Esta situación no solo es insostenible, sino absolutamente indignante.

Lo más grave es que este descontrol tarifario cuenta con la complicidad del ERSEP, un organismo que nació con la finalidad de defender los derechos de los usuarios y proteger a los vecinos frente a los abusos de las grandes empresas. Sin embargo, hoy vemos con tristeza y preocupación cómo este ente se ha transformado en una suerte de oficina de protección y concesiones a favor de las empresas prestatarias. En lugar de poner límites, avala. En lugar de controlar, habilita. ¿Y los ciudadanos? Rehenes de un sistema que los excluye cada día más.

Luz, agua, peajes: todo sube. Y sube sin freno. ¿No dicen desde el Gobierno que ya no hay inflación? Entonces, ¿por qué los precios aumentan como si estuviéramos en plena hiperinflación? La explicación es sencilla y dolorosa: no hay una política de alivio para los que menos tienen, sino un plan de ajuste disfrazado de gestión.

El propio gobernador Llaryora aplica un doble estándar económico que resulta inaceptable. Por un lado, los servicios esenciales aumentan con índices por encima de la inflación. Por otro, los salarios –tanto públicos como privados– se actualizan por debajo del mismo índice. Esa diferencia no es menor: es el abismo entre poder vivir dignamente o no llegar a fin de mes. Es el abismo que está empujando a más cordobeses a caer bajo la línea de pobreza.

Hoy en Córdoba tenemos más pobres, más trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica, más familias angustiadas por no saber si podrán pagar el boleto, la boleta de luz o el agua. Y mientras tanto, desde el Gobierno se insiste con un discurso que habla de equilibrios, de sostenibilidad, de futuro… pero que se construye a costa del presente de miles de ciudadanos.

La pregunta que nos debemos hacer, sin eufemismos, es directa: ¿Esto es justicia social? Porque si la justicia social significa que los que menos tienen sigan ajustando su bolsillo para sostener privilegios y negocios, entonces hemos perdido el rumbo. Y como legislador provincial, pero sobre todo como vecino, no puedo quedarme callado ante este modelo que castiga a los más vulnerables y que premia a los poderosos.

Es momento de decir basta. Basta de aumentos injustificados. Basta de usar al Estado para servir a intereses empresariales. Basta de ajustar siempre a los mismos. Porque cuando los gobernantes pierden la sensibilidad social, es el pueblo quien paga las consecuencias. Y ya lo estamos viendo.