No sé usted, pero yo miro la factura del agua y siento que algo no cierra. En abril me dediqué a hacer un ejercicio que, aunque simple, fue profundamente revelador: comparar cuánto subió el agua en Córdoba en el último año. El resultado me dejó atónito. Mientras la inflación interanual —ese monstruo que no da tregua— marcó un 54,3%, el agua aumentó un 132%. Sí, más del doble. Y entonces, inevitablemente, uno empieza a preguntarse: ¿cómo se explica esto? ¿Es razonable? ¿Es justo?

Así nació, en charlas cotidianas y redes sociales, el ya popular “Índice Llaryora”. Lejos de ser una fórmula económica académica o una humorada ingeniosa, se transformó en una expresión de bronca, en una forma de ponerle nombre a lo que sentimos: que Córdoba se ha convertido en un laboratorio de tarifazos que no guarda proporción con la realidad de los bolsillos.

Lo paradójico —y lo triste— es que este índice no tiene anclaje en el INDEC ni en ninguna consultora privada. Surge de la experiencia cotidiana, del ticket, de la factura, del número que uno ve reflejado cada mes. Y ese número duele. Porque mientras los ingresos de la mayoría de las familias cordobesas se mantienen estables o incluso caen en términos reales, los servicios —empezando por el agua, ese derecho esencial y universal— se disparan como si viviéramos en otra economía.

Córdoba ostenta hoy, sin lugar a dudas, algunas de las tarifas más altas del país. Y no hablamos de un servicio de lujo: hablamos del agua corriente. El argumento oficial es conocido y, en parte, comprensible: se necesita mantener el funcionamiento del Estado, garantizar inversiones y mejorar la infraestructura. Pero el otro lado de la moneda no se puede ignorar: ¿qué ajustes se están haciendo en la política? ¿Dónde están los recortes en los gastos discrecionales, en la estructura estatal, en los privilegios que el ciudadano común no alcanza ni a imaginar?

El problema no es sólo económico. Es institucional. Porque mientras se producen estos aumentos exorbitantes, se debilita la capacidad de control. La Legislatura tiene cada vez menos margen real de decisión. Y ni hablar del Tribunal de Cuentas, reformado justo antes de la asunción del gobernador. ¿Casualidad? No lo parece.

Y entonces uno vuelve a lo básico: ¿quién controla a quién? ¿Quién vela por los intereses de los ciudadanos, si las herramientas de control están cada vez más alineadas con el poder que deberían auditar?

La gente, sin embargo, no es ingenua. Tolera, espera, se ajusta. Pero también se cansa. Y cuando el hartazgo se hace generalizado, cuando llega hasta la mesa familiar, hasta el comerciante de barrio, hasta el pequeño emprendedor que no puede pagar los servicios sin fundirse, algo empieza a romperse.

No se trata de atacar a un gobierno por el solo hecho de gobernar. Se trata de pedir sentido común. Porque el Estado no puede ser un verdugo de los contribuyentes. No puede convertirse en una máquina de exprimir a quienes, todos los días, intentan vivir con dignidad. Gobernar es administrar, sí. Pero también es escuchar. Es entender que el equilibrio fiscal no puede lograrse a cualquier costo, mucho menos al costo de dejar a miles sin respiro.

Cuando el agua se transforma en el símbolo de un abuso tarifario, hay algo que ya se ha ido de cauce. Y cuando una provincia entera empieza a sentir que paga más que lo que consume, es hora de revisar prioridades.

Sr. Gobernador, los cordobeses no pedimos milagros. Pedimos sentido común, empatía y gestión transparente. Queremos que el Estado sea parte de la solución, no el primer obstáculo en nuestra economía cotidiana.

Porque si el agua, lo más elemental, se convierte en un privilegio, entonces ya no estamos hablando de política. Estamos hablando de justicia.