En una sesión marcada por el consenso mayoritario y algunas voces críticas, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la ordenanza conocida como Ficha Limpia, una iniciativa que representa un hito institucional en el camino hacia una política más transparente y ética. Con el respaldo de la gran mayoría de los bloques, la norma establece que ningún ciudadano con condena penal firme podrá postularse para cargos electivos municipales, ni desempeñarse como funcionario en el ámbito del Ejecutivo local.

La iniciativa, que compatibilizó varios proyectos presentados por distintos bloques, modifica el Código Electoral municipal —incorporando el artículo 50 bis a la ordenanza N°10.073— y también introduce cambios en el Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública (ordenanza N°10.754). Así, se refuerza el blindaje ético de la función pública capitalina y se impone como condición excluyente no registrar antecedentes penales por delitos dolosos, ya sea con penas de prisión efectiva, condicional o inhabilitación, según sentencias confirmadas por tribunales provinciales, nacionales o federales.

Una herramienta legal con impacto institucional

La Ficha Limpia cordobesa establece que la inhabilitación electoral se aplicará desde la confirmación de la condena por un tribunal superior —vía recursiva ordinaria o extraordinaria— y persistirá hasta la revocación de la sentencia o el cumplimiento íntegro de la pena. Será la Junta Electoral Municipal la encargada de verificar el cumplimiento de esta exigencia antes de oficializar cualquier lista electoral.

Además, el requisito de Ficha Limpia se extenderá también a la totalidad de los funcionarios municipales, marcando una doble garantía: tanto quienes ocupan cargos por elección como aquellos designados deberán tener antecedentes judiciales limpios.

Debate en el recinto: apoyo transversal y críticas ideológicas

El tratamiento del proyecto en el Concejo dejó ver un amplio respaldo, pero también ciertas tensiones ideológicas. Desde el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Nicolás Piloni destacó que la aprobación de la norma representa «un paso muy importante en la consolidación de la transparencia y la calidad institucional», aunque admitió que “no deberíamos necesitar una ordenanza de este tipo. Es una muestra de fracaso de la política, pero la ciudadanía nos reclama ejemplaridad”.

Desde el radicalismo, Juan Balastegui celebró el consenso alcanzado, pero expresó una mezcla de satisfacción y desencanto: “Es una tristeza tener que aplicar una ordenanza para algo que es de sentido común y no debiera hacer falta”.

En cambio, la concejala Laura Vilches, del Frente de Izquierda, fue la voz disidente más contundente. Votó en contra y argumentó que la norma “lejos de dar transparencia y garantizar candidatos incorruptibles, solo avanza en la proscripción de opositores”. Según Vilches, la Ficha Limpia representa “una forma de intervención de la Justicia en los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Un símbolo contra la impunidad

Varios ediles coincidieron en subrayar el valor simbólico de la nueva ordenanza. Martín Simonian (HUxC) destacó que el debate tuvo “un altísimo contenido simbólico, porque expresamos valores colectivos de la sociedad que representamos”. En el mismo sentido, Jéssica Rovetto consideró que la medida es “un paso adelante para que los corruptos no usen a la política como escudo de impunidad”.

Desde el Frente Cívico, Martín Juez Corte lamentó que el Concejo “llegó tarde”, ya que —según dijo— Córdoba “podría haber sido ejemplo antes para todo el país”. Gabriel Huespe (Ciudadanos) celebró el avance como “un salto cualitativo” para reconstruir la confianza ciudadana, mientras que Marcos Vázquez (HUxC) advirtió que “Argentina está muy mal posicionada en todos los ránkings internacionales de corrupción”.

Por su parte, Javier Fabre (UCR) cerró su intervención citando al expresidente Arturo Illia y reivindicando los valores históricos de transparencia y ética del radicalismo.

Un punto de inflexión institucional

Con esta aprobación, Córdoba se suma a otras jurisdicciones del país que avanzaron con legislaciones similares. Aunque aún hay sectores que consideran la medida una herramienta de exclusión política con sesgo judicial, la aprobación de Ficha Limpia marca un punto de inflexión en la vida institucional local: por primera vez se impone por ordenanza un estándar ético obligatorio que trasciende los discursos y se traduce en acción concreta.

En un contexto social de fuerte desconfianza hacia la clase política, esta normativa busca reconstruir el vínculo entre representación y honestidad, y deja al descubierto una demanda social creciente: la política debe estar a la altura de los valores que dice representar.