Otra vez, como si no bastara con todo lo que ya sufrimos los cordobeses, el gobierno de Martín Llaryora vuelve a castigar nuestros bolsillos. Esta vez, con un nuevo aumento en el transporte interurbano de pasajeros, que ya acumula un increíble 513% desde que asumió la gobernación en diciembre del 2023.

Sí, leyó bien: quinientos trece por ciento. Un incremento que no sólo está por encima de cualquier índice oficial de inflación, sino que se aplica sin el más mínimo criterio social, económico o humano. ¿Quién puede pagar hoy un pasaje de Córdoba a Río Cuarto a más de 30 mil pesos? ¿Quién puede afrontar los 24.670 pesos para llegar a San Francisco, o los 19.750 que cuesta ir a Villa María?

Lo que debería ser un servicio público accesible y eficiente, se ha convertido en una trampa para los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, los pacientes que deben viajar por atención médica. Hoy, para miles de cordobeses del interior, el colectivo ya no es un medio de transporte: es un lujo.

Y no sólo hablamos de precios desorbitados. El servicio es cada vez más deficiente. Se achican frecuencias, se eliminan recorridos, se abandonan localidades enteras con la excusa de la «economicidad». Como si vivir en un pueblo chico fuera una condena a la inmovilidad. Como si no existiera el derecho básico a trasladarse para trabajar, estudiar, o curarse.

El llamado “Índice Llaryora”, ese que regula el precio de todo en Córdoba, sigue trepando a niveles absurdos. Ya lo vimos en los peajes, en el agua, en el impuesto inmobiliario, en la energía. Todo sube, menos los ingresos. Todo se ajusta, menos los privilegios de un gobierno que no escucha. Y así, Córdoba se convierte en una de las provincias más caras del país, donde vivir dignamente se ha vuelto una odisea.

Esta política tarifaria no sólo ahoga a las familias. También está vaciando la provincia. Se van las pymes, se cierran los comercios, se frena la inversión. Porque nadie quiere apostar a un lugar donde el Estado cobra caro, pero ofrece poco y mal.

Desde nuestro bloque, presentamos un proyecto en la Legislatura para rechazar este nuevo aumento y exigir un freno al ajuste brutal que se está aplicando. No vamos a quedarnos callados mientras se destruye la conectividad del interior, se maltrata a los usuarios y se destruye el entramado productivo y social.

Hoy lo digo con toda claridad: basta de aumentos. Basta de castigar a los que menos tienen. Córdoba necesita un gobierno que piense en su gente, no en la recaudación. Que cuide el interior, no que lo abandone. Que garantice derechos, no que los transforme en privilegios para unos pocos.

Porque ya no podemos más. Y no vamos a mirar para otro lado.