Con incrementos que duplican el índice inflacionario, cargos trasladados a los usuarios y denuncias de “impuestazos encubiertos”, la tarifa del agua potable en Córdoba se convierte en una de las más altas del país. De Loredo apuntó contra Llaryora y cuestionó el modelo de gestión del servicio.

Córdoba, la ciudad con agua de lujo (y no por su calidad)

En un contexto donde el acceso al agua potable debería estar garantizado como un derecho básico y cumplir un rol social, el caso de Aguas Cordobesas se aleja por completo de ese paradigma. Lejos de representar un servicio público accesible, la empresa concesionaria —que pertenece al Grupo Roggio— impone tarifas que se ubican entre las más altas del país. Solo entre abril de 2024 y abril de 2025, la tarifa subió un 132%, en contraste con una inflación acumulada del 54% en el mismo período. Es decir, el agua subió más del doble que el promedio de los precios.

Pero lo alarmante no es sólo la magnitud del aumento, sino también el entramado de cargos que la empresa incluye en cada boleta y que, según expertos y legisladores, deberían ser absorbidos por la propia concesionaria y no trasladados a los usuarios.

¿Quién paga el negocio?

El esquema tarifario actual contempla cargos por el consumo del recurso, el transporte del agua desde el dique Los Molinos, e incluso ítems por el canon que la Provincia y la Municipalidad cobran a la empresa por operar en Córdoba. Lo insólito es que todos estos costos, en vez de ser asumidos por la empresa como parte del riesgo empresarial, son trasladados directamente a los vecinos.

En 2024, la tarifa aumentó seis veces. En lo que va de 2025, ya se aplicaron dos incrementos, acumulando un 34% frente a una inflación de apenas 9%. Desde 2019, cuando Martín Llaryora asumió la Intendencia y el servicio pasó a depender de la órbita municipal, la tarifa del agua escaló un 4.000%, mientras que la inflación acumulada fue del 2.800%.

De Loredo: «Lo que vos pagás termina en la caja de Llaryora»

El diputado nacional por la UCR, Rodrigo de Loredo, fue uno de los primeros en salir a cuestionar públicamente el nuevo aumento del 12,3%, oficializado esta semana a través de la resolución 44 del Ersep, el ente regulador. Según el legislador, este nuevo ajuste constituye un “impuestazo encubierto” que beneficia a la caja provincial y municipal.

“Aguas Cordobesas no pierde nunca. Lo que le paga a la Provincia después te lo cobra a vos en la factura”, señaló De Loredo en su cuenta de X (ex Twitter). Además, denunció que el canon provincial por uso del agua aumentó 450,67%, y que también se incrementaron un 15,39% el canon por el transporte del recurso y el derecho de concesión municipal.

Cargos extra: ¿Una doble imposición?

A todo esto se suman cargos adicionales, como el 16% que cobra la Municipalidad para obras de infraestructura, lo que representa alrededor de $9.000 millones anuales, y un 1,2% que se destina al propio Ersep. De Loredo recordó que está prohibido que las provincias y municipios cobren extras en las boletas de servicios, aunque la Municipalidad solicitó ante la Justicia la autorización para seguir haciéndolo vía amparo.

Tarifas según zona: una ciudad fragmentada por el agua

El último aumento eleva los valores de las facturas a niveles preocupantes, especialmente en las zonas más desfavorables. Según la clasificación zonal:

• Zonal 1: $9.906
• Zonal 2: $25.634
• Zonal 3: $27.372
• Zonal 4: $31.936
• Zonal 5: $23.907
• Zonal 6: $61.060
• Zonal 7: $128.563

La mayoría de los usuarios se concentran en las zonas 2 y 3, con una factura promedio que ronda los $26.647 mensuales.

Un modelo que deja al usuario siempre perdiendo

Mientras Aguas Cordobesas alega que los aumentos responden a variaciones de costos operativos y autorizaciones regulatorias, crece la percepción de que el servicio de agua en Córdoba ha dejado de ser un derecho esencial para convertirse en una fuente de recaudación, tanto para la empresa como para el Estado provincial y municipal. El resultado es una carga tarifaria desmedida para los ciudadanos, que pagan no solo el agua, sino el precio de un esquema sin controles eficientes, con escasa transparencia y con una lógica de mercado aplicada a un bien esencial.

La falta de un criterio social en la prestación del servicio, la inexistencia de subsidios compensatorios y la sistemática transferencia de costos privados al usuario configuran un escenario injusto, que exige revisión urgente por parte de los poderes públicos.