No es la primera vez. Y temo que no será la última. Una vez más, la Legislatura de Córdoba, esa institución que debería ser el espacio por excelencia del debate democrático, ha sido silenciada por decisión política del oficialismo. Esta vez, el veto vino directo desde lo más alto: Martín Llaryora decidió cerrar las puertas al diálogo y mandar a frenar la convocatoria a una Sesión Especial que habíamos solicitado todos los bloques de la oposición.

La nota formal, presentada mediante el Expediente N° 42524/N/25 y firmada por representantes de todos los espacios opositores, apelaba al artículo 26 del Reglamento Interno. ¿Nuestro pedido? Que el cuerpo legislativo se reúna el próximo miércoles 14 de mayo para abordar de manera urgente una situación crítica: la profunda crisis que atraviesa la obra social provincial, la misma que hoy tiene de rehenes a más de 600.000 afiliados.

No pedíamos otra cosa que cumplir con nuestra función. Queríamos debatir, proponer, buscar soluciones. Porque la situación de Apross es desesperante. Hay afiliados sin acceso a tratamientos, sin medicamentos, sin respuestas. Y detrás de cada número, hay historias concretas: jubilados, docentes, trabajadores estatales que ven cómo su derecho a la salud se esfuma frente a la inacción del poder.

Sin embargo, el oficialismo decidió responder con silencio. Este mismo lunes se nos comunicó la negativa. La convocatoria fue desestimada sin argumentos sólidos, apenas con una notificación escueta. Es difícil no leer en esa decisión una señal de censura. Porque cada vez que intentamos hablar de lo que duele —corrupción, mal manejo de los fondos públicos, abusos en el gasto— nos cierran la boca. Porque cada vez que pedimos explicaciones sobre cómo se administran los recursos de todos, nos corren con el aparato.

Mientras tanto, lo que sí avanza sin freno son los impuestazos. Suben las tasas, suben los servicios, suben los peajes. Pero nadie frena el gasto descontrolado. Nadie audita, nadie rinde cuentas. Es más fácil seguir exprimiendo al contribuyente cordobés que revisar cómo se malgastan los fondos que, por derecho, nos pertenecen a todos.

Esto no es sólo una decisión administrativa. Es un síntoma. Es la radiografía de un gobierno que le teme al debate y prefiere la opacidad. Un gobierno que se incomoda ante la crítica y responde con autoritarismo cuando se lo interpela.

Nosotros no vamos a callarnos. No podemos hacerlo. Representamos a miles de cordobeses que hoy exigen respuestas. Que quieren una Legislatura abierta, plural, que funcione como contralor y no como escribanía del Ejecutivo.

No se puede construir democracia sin debate. Y no se puede tapar la crisis de Apross escondiéndose detrás de un reglamento o usando la mayoría automática para silenciar a quienes piensan distinto. Lo dijimos y lo volvemos a decir: vamos a insistir todas las veces que sea necesario. Porque no se trata de un capricho partidario. Se trata de la salud, de la transparencia y, sobre todo, del respeto a la institucionalidad.