La Legislatura de Córdoba se prepara para una semana de máxima tensión política, con la crisis del Apross como eje del enfrentamiento entre oficialismo y oposición. La denuncia penal del juecismo tras el incendio del Viernes Santo le suma combustible al fuego cruzado y expone las fracturas institucionales en el manejo del sistema de salud provincial.

La crisis que atraviesa el Apross no solo expone irregularidades administrativas y denuncias judiciales, sino que también se ha convertido en el epicentro de una guerra política en la Legislatura Unicameral. En medio de sospechas de corrupción, robo de información clave y una gestión cuestionada, Juntos por el Cambio (JxC) relanza su ofensiva con el respaldo del juecismo, que elevó la presión con una denuncia penal tras el incendio que afectó oficinas del organismo el pasado Viernes Santo.

La acusación formal presentada ante la fiscal Celeste Blasco por el presunto robo de computadoras pocas horas después del siniestro le dio al interbloque opositor un nuevo impulso discursivo. Walter Nostrala (Frente Cívico), uno de los voceros más combativos, exigió al Gobierno provincial que brinde explicaciones “ante estos graves hechos” y reclamó una actuación judicial “independiente y sin condicionamientos”. La oposición habla de una “administración desastrosa” y advierte que el Apross “opera como una caja opaca y fuera de control”.

Mientras tanto, el oficialismo intenta contener la crisis institucional. Con los puentes políticos dinamitados, Facundo Torres Lima, presidente provisorio del cuerpo, convocó a los jefes de bancada a un encuentro informal en su despacho, en un intento por descomprimir antes de una sesión que promete ser de alto voltaje. Sin embargo, la grieta parece profundizarse: desde la oposición, acusan al PJ de una actitud autoritaria y de violar acuerdos parlamentarios. “¿Qué sería acercar posiciones?”, ironizó Federico Alessandri en el grupo de WhatsApp legislativo, dejando en claro el clima enrarecido que reina en la Unicameral.

El radical Matías Gvozdenovich (UCR) y Nostrala impusieron condiciones para retomar el diálogo: actas firmadas por todos los presentes, definición clara de temas y oradores, y garantías de cumplimiento. “El Frente Cívico no seguirá en Labor Parlamentaria si no se respeta la palabra”, advirtió el legislador juecista.

El escenario político se calienta también por la sesión especial pedida por JxC y otros bloques opositores como el PRO, FIT-Unidad, Encuentro Vecinal Córdoba y legisladores independientes, para el miércoles a las 11. Allí proponen debatir diez proyectos vinculados al Apross, incluyendo la creación de una comisión investigadora. El oficialismo, que ya anticipó su rechazo, insiste en que el debate se dará, pero en la sesión ordinaria del martes, con temas de agenda atrasada: una ley que elimina el Fondo FOSAET y pedidos de informes que datan de hace más de ocho meses.

La movida de Juntos por el Cambio no es solo parlamentaria. Consciente del impacto público del escándalo, busca instalar el tema en la agenda mediática y social. La Legisladora radical Alejandra Ferrero denunció que el Apross, pese a manejar un presupuesto de $790 mil millones, quedó fuera del control del Tribunal de Cuentas tras una reciente reforma. “Estamos hablando de fondos públicos. Es dinero de los cordobeses y deben rendir cuentas”, sentenció.

Desde la izquierda, Luciana Echevarría (FIT-Unidad) fue categórica: “El peronismo solo está dispuesto a debatir porque se dio cuenta del alto costo político del escándalo Apross”. La legisladora denunció además el aumento unilateral de los aportes de los estatales impulsado por el gobernador Martín Llaryora y exigió la creación de una comisión investigadora con participación directa de los afiliados.

En tanto, el oficialismo intenta minimizar el impacto político del viaje internacional que realizarán entre seis y diez legisladores a Paraguay, donde participarán del encuentro “Parlamento y Fe”. Desde la Unicameral informaron que el viaje no tendrá costo adicional y que los gastos serán cubiertos con pasajes ya asignados y fondos personales, en un intento por evitar más cuestionamientos en medio de una crisis de credibilidad institucional.

El escándalo del Apross, que combina denuncias de corrupción, opacidad financiera, una sospechosa pérdida de pruebas tras un incendio y un enfrentamiento legislativo sin precedentes, amenaza con transformarse en una de las mayores crisis políticas del actual gobierno provincial. Mientras el oficialismo busca ganar tiempo, la oposición ya cargó la artillería. Y promete no dar tregua.