El debate sobre la crítica situación de la obra social provincial Apross, un tema que viene generando creciente preocupación en Córdoba, volverá esta semana al recinto legislativo. Sin embargo, lo hará en condiciones que reflejan no solo el desgaste institucional que sufre la administración de la salud pública provincial, sino también una llamativa maniobra política por parte del oficialismo para esquivar una discusión impulsada desde la oposición.

Esta semana, un total de 34 legisladores de ocho bloques opositores —representantes de Juntos por el Cambio, el PRO, la izquierda y sectores disidentes del radicalismo— presentaron una nota a la vicegobernadora Myrian Prunotto solicitando una sesión especial para el miércoles, con el objetivo de debatir la crítica situación de Apross. El pedido no es un capricho: se enmarca en el reglamento interno que permite convocar sesiones especiales con la firma de al menos 14 legisladores.

A pesar de la legitimidad del planteo, la respuesta oficial no fue un respaldo al pedido opositor, sino una convocatoria anticipada a la sesión ordinaria para el martes 13, es decir, un día antes de lo previsto y, curiosamente, un día antes de la sesión solicitada por los bloques críticos al gobierno. La decisión fue comunicada por el presidente del bloque oficialista Miguel Siciliano, quien justificó el anticipo por la “politiquería” de la oposición y por un viaje previsto de legisladores justicialistas a Paraguay.

Lo cierto es que, en un contexto de paridad legislativa, la ausencia de algunos legisladores del PJ el miércoles podría haber dificultado la aprobación de proyectos clave. ¿Coincidencia o cálculo político?

El incendio que incomoda

La situación de Apross no es nueva, pero en las últimas semanas se vio agravada por un incendio en la sede central de la obra social, un hecho que, lejos de ser anecdótico, encendió las alarmas sobre la posible pérdida de documentación crítica relacionada con investigaciones judiciales por presuntas estafas millonarias.

“El incendio representa un evento de gravedad institucional no sólo por sus consecuencias administrativas, sino también por la posible afectación de datos sensibles en causas de corrupción”, señalaron los legisladores en su nota. La oposición exigió saber si el edificio cumplía con las normas de seguridad, si existían advertencias previas y qué respaldo digital había sobre la documentación comprometida.

En una provincia donde más de 600.000 personas dependen de Apross, la falta de respuestas claras y el corrimiento constante del debate por parte del oficialismo generan un comprensible malestar. “Es imperativo que reaccionen por el bienestar de todos los cordobeses”, reclamó el legislador radical Miguel Nicolás, quien además pidió discutir otros temas de gravedad como la situación penitenciaria, la inseguridad y el aumento de la pobreza.

Silencios que inquietan

No todos los bloques se alinearon con la propuesta opositora. El libertario Agustín Spaccesi, el justicialista disidente Federico Alesandri y Karina Bruno, legisladora del PRO que se presenta como “aliada” del oficialismo, se desmarcaron del pedido. Un silencio que, en el actual clima político, también habla.

En tanto, la vicegobernadora Prunotto aún no emitió una respuesta oficial al pedido de sesión especial, lo cual alimenta aún más las sospechas sobre el uso estratégico de los tiempos legislativos por parte del oficialismo.

Un oficialismo a la defensiva

El PJ insiste en que la falta de avances anteriores se debió al retiro de la oposición en una sesión anterior, luego de que el legislador Abraham Galo propusiera cerrar el debate sin tratar los proyectos pendientes. El oficialismo, entonces, culpa a la oposición por “politizar” un tema que, paradójicamente, involucra posibles delitos de corrupción y pone en juego la salud de miles de cordobeses.

En definitiva, el tratamiento del tema Apross se realizará, pero en los términos que define el oficialismo. Mientras tanto, el incendio, las denuncias por estafas, las dudas sobre la seguridad edilicia y la falta de documentación continúan sin respuestas claras.

¿Reacción institucional o maniobra para descomprimir tensiones sin enfrentar el fondo del problema? El martes será una prueba de fuego. Pero más allá del calendario, lo que está en juego es la confianza en una de las instituciones más sensibles del Estado provincial.